BUENOS AIRES (AP) — El senado argentino debatía el jueves la suerte de los dos candidatos impulsados por el ultraderechista presidente Javier Milei como jueces de la Corte Suprema en un escenario adverso para el oficialismo, que está en minoría y podría sufrir un severo revés político.
El debate sobre las nominaciones del juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para el máximo tribunal del país ha derivado en un pulso entre el el oficialismo y el peronismo, la principal fuerza opositora en Argentina, que impulsó la sesión y ha aglutinado el apoyo de otros partidos en contra de los dos candidatos.
Con 34 senadores, el peronismo es la fuerza que tiene más peso político en el Senado integrado por 72 miembros, mientras que La Libertad Avanza, el partido liderado por Milei, cuenta con menos del 10% de representación. La aprobación de los dos candidatos requiere de dos tercios de los senadores presentes, lo que, según los propios participantes en el debate, es muy improbable que suceda.
Hace dos meses, Milei designó por decreto a Lijo y García Mansilla "en comisión" y hasta noviembre para llenar las vacantes que dejaron dos magistrados en el máximo tribunal de cinco miembros. Tomó la decisión luego de que durante meses fracasara en su intento de lograr el aval del Senado para ambas candidaturas, que considera "idóneas".
El decreto es considerado inconstitucional por opositores y varios juristas y, según analistas, contribuyó a que naufragaran las posibilidades de conseguir el respaldo de las distintas fuerzas en el Senado para avalar la incorporación de ambos postulantes al máximo tribunal.
Una vez que el decreto fue publicado García Mansilla juró su cargo en el alto tribunal a fines de febrero. El abogado es cuestionado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), titular del peronismo, quien afirmó que Milei lo designó "violando la Constitución Nacional”.
Cuestionó, además, que no es independiente para decidir sobre la presentación que la dirigente hizo al máximo tribunal pidiendo la revocación de la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que dictó un tribunal en su contra en 2022 en una causa por corrupción. Ese fallo fue ratificado luego por una instancia judicial superior.
En tanto, Lijo no ha concretado su incorporación a la Corte Suprema luego de que los magistrados supremos decidieran negarle la licencia extraordinaria que había solicitado para ocupar el puesto sin tener que dejar su cargo como titular de un juzgado federal en Buenos Aires.
Lijo también es resistido por opositores y aliados del gobierno que lo han cuestionado por haber atrasado investigaciones por corrupción que han salpicado a empresarios y políticos. El magistrado rechaza esas críticas y sostiene que se ha sometido voluntariamente a investigaciones que no derivaron en sanciones.
La designación vía decreto de ambos se extiende hasta el fin del año parlamentario y el oficialismo contemplaba que, una vez cumplido ese plazo, Lijo y García-Mansilla debían ser ratificados por el Senado para continuar en el máximo tribunal.
