BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino comenzó a tratar el miércoles un proyecto para impedir postularse a cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena por corrupción confirmada en una segunda instancia judicial, lo que el peronismo, la principal fuerza de oposición, considera que sólo pretende “proscribir” a su líder, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
Si el Senado da luz verde al texto que fue aprobado en febrero por la Cámara de Diputados, se convertirá en ley y Fernández no podrá ser candidata en las elecciones legislativas del 26 de octubre en las que se renovará el Congreso nacional ni, a futuro, postularse a la Presidencia.
La iniciativa legislativa “Ficha Limpia” es impulsada por una fuerza conservadora de la oposición y respaldada por el presidente ultraderechista Javier Milei.
Fernández fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta cometida durante su mandato. La pena fue ratificada en segunda instancia y ahora espera definición en la Corte Suprema, la última instancia de apelación a la que recurrió.
En el Senado, se requieren 37 de los 72 votos para aprobar la norma, cuyo debate quedó enmarcado en la campaña electoral hacia las legislativas en Argentina. El peronismo es la fuerza con mayor presencia en la cámara alta, con 34 bancas.
“Lo que va a quedar claro hoy que el que no vota Ficha Limpia quiere garantizar impunidad a Cristina Kirchner y a cualquier condenado por corrupción… Yo creo que esta ley va a depurar la política”, afirmó la diputada Silvia Lospennato, del partido PRO, impulsor del proyecto.
El Partido Justicialista (peronista) dijo en un comunicado que esta iniciativa es impulsada “por quienes históricamente han legislado a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico... No persigue otra cosa que proscribir a la principal dirigente política de Argentina. Se trata de un nuevo capítulo –y quizás el más burdo – de una persecución sistemática que lleva años en marcha".
Si el proyecto que tratan los senadores sale adelante, no le impediría a la también exvicepresidenta (2019-2023) participar en las listas de los comicios para renovar en septiembre la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se rige por sus propias leyes electorales. Esa eventual candidatura se considera cada vez más cercana entre los allegados de la dirigente peronista.
Fernández fue condenada por un tribunal federal que consideró que había cometido un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado.
La Corte Suprema no tiene un plazo fijo para revisar el recurso de queja, que presentó la exmandataria pidiendo la absolución en esta causa en la que, según denunció, fue objeto de "violaciones" a las garantías constitucionales y "arbitrariedad" por parte de la justicia.
La Corte tiene que analizar si acepta o deniega el recurso de Fernández. Si lo admite, comienza la revisión del caso. Si decide rechazarlo, la condena para la expresidenta quedará firme, lo que implica que puede ser detenida.
