PHOENIX (AP) — El plan del gobierno del presidente Donald Trump de exigir estrictamente a cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin autorización legal que se registre ante el gobierno y porte documentación genera temores de un incremento de etiquetación racial, incluso entre residentes legales, afirman defensores de los derechos de los inmigrantes.
Para algunos, se trata de un regreso a una situación del pasado reciente en que la insistencia de los departamentos de policía y otras agencias del orden público sobre la documentación obligó a los inmigrantes a la clandestinidad y aumentó la preocupación por la seguridad pública.
“Ya ocurre hasta cierto punto. ... Creo que esto lo empeorará aún más, porque ¿cómo sabrás que alguien es indocumentado?”, dijo José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos de Aliento, una organización de defensa con sede en Arizona que apoya a inmigrantes que carecen de documentación para residir legalmente. “Crea ambigüedad sobre cómo vas a aplicarlo e identificar a las personas que no están en el país (con autorización legal)”.
Un juez federal falló a favor de Trump a principios de este mes en una demanda interpuesta por grupos de derechos de los inmigrantes con relación a esta política, y el mandato entró en vigor el 11 de abril. Los funcionarios de Trump exponen que ellos simplemente aplican un requisito que ha sido ley desde hace décadas.
“El gobierno de Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración. No elegiremos qué leyes aplicaremos”, declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el comunicado posterior al fallo. “Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”. Según la ley federal, todas las personas mayores de 14 años sin estatus legal deben autorregistrarse y proporcionar sus huellas dactilares y una dirección. Los padres y tutores de cualquier persona menor de edad deben asegurarse de que esté registrada. No hacerlo se considera un delito, y la falta de documentos conlleva el riesgo de prisión y multas.
El mandato rara vez se hizo cumplir bajo los gobiernos anteriores. Para complicar más la situación, ha habido casos recientes de autoridades que han detenido incluso a personas nacidas en Estados Unidos a medida que la confusión se extiende también a otras políticas de inmigración federales y estatales.
Una aplicación de citas en línea utilizada por residentes temporales ha enviado cancelaciones de permisos de trabajo desde finales de marzo, incluso a ciudadanos estadounidenses. Además, un número creciente de estados de mayoría republicana se niega a reconocer las licencias de conducir estatales emitidas especialmente para inmigrantes que carecen de documentación para residir legalmente.
“Ha supuesto un cambio drástico en la forma en que interactuamos con nuestra comunidad”, subrayó Martín Quezada, exlegislador estatal demócrata y abogado del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de Arizona, durante una conferencia de prensa el viernes para promover una protesta a favor de los derechos de los inmigrantes el 1 de mayo. “Creo que (el perfilamiento racial) sin duda comenzará a aumentar ahora. Pero también creo que lo extremo de todo lo que ha sucedido va a crear cierta unidad”.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance (Puente de Alianza Haitiano), informa que la catalogación racial ya se aplica de forma desproporcionada a los inmigrantes negros. El cambio repentino ha agravado la situación, y personas que tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o que se presentaban regularmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido detenidas durante sus trayectos, agregó.
Denunció este calvario como una forma de “guerra psicológica”. Los migrantes a quienes se les otorgó la residencia legal temporal no están seguros de si necesitan llevar consigo documentos en todo momento para protegerse.
“Es muy difícil incluso comunicarse con los miembros de la comunidad respecto a qué hacer, y decirles que deben conocer sus derechos, pero que de todos modos ellos pisotean sus derechos”, expresó Jozef. “Estamos de vuelta en la era del ‘muéstrame tus papeles”.
El nuevo mandato evoca ocasiones anteriores en las que ciertos grupos debían portar documentación. Durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, las personas negras liberadas debían tener “documentos de libertad”, si no, corrían el riesgo de ser reesclavizadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses de origen japonés tuvieron que registrarse y mantener tarjetas de identidad, pero fueron recluidos en campos de encarcelamiento.
“Los estatutos vigentes sobre el registro han estado inactivos durante 85 años”, dijo Lynn Marcus, directora de clínicas de derecho migratorio de la Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona. “No existían formularios para cumplir con este requisito. Originalmente, se creó en tiempos de guerra”.
El renovado y estricto requisito de registro obliga a los ciudadanos estadounidenses a portar certificados de nacimiento u otra prueba de ciudadanía en todo momento, “especialmente si tienen ‘apariencia extranjera’”, explicó Marcus.
Las personas con residencia válida o visa podrían ser objeto de perfil racial con base en factores distintos a sus características físicas.
“Supongamos que las fuerzas del orden se encuentran con alguien en otra circunstancia —tal vez cuando denuncian un delito—”, dijo Marcus. “Podrían no estar satisfechos con las respuestas si no pueden comunicarse porque no todos los ciudadanos estadounidenses hablan inglés con fluidez”.
Eileen Díaz McConnell, profesora de la Facultad de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, señaló los efectos de una ley de Arizona de 2010 que exige que todos los inmigrantes obtengan o porten documentos de registro migratorio.
En 2012, el Departamento de Justicia demandó al estado por esa ley y la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el requisito de documentación, pero los dos años en los que el requisito estuvo vigente fueron una época traumática para las familias latinas del estado, dijo Díaz McConnell.
“Los padres no viajaban juntos en auto. Siempre estaban separados por temor a que los detuvieran”, refirió Díaz McConnell. “La gente no sale de casa”.
Ella ha realizado una extensa investigación sobre cómo las políticas de inmigración pueden afectar la salud mental de los hogares mixtos con familiares nacidos en Estados Unidos y otros que son indocumentados.
“En años anteriores, los niños reportan, incluso si nacieron en Estados Unidos, daños reales: impactos en su propia calidad de sueño, preocupación, falta de apetito y depresión”, añadió Díaz McConnell. “Habrá gente que dirá cosas como: ‘Bueno, si no eres indocumentado, ¿de qué te que preocupas?’”.
Patiño, cuyos padres indocumentados lo trajeron a Estados Unidos cuando tenía 6 años, está acostumbrado a llevar papeles como beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Sabe que otras personas sin estatus especial están ahora en pánico. La madre soltera de uno de sus expasantes nacido en Estados Unidos ha dejado de ir a la tienda de víveres, a la iglesia y a otros lugares porque carece de documentación.
“Es como si le tuviera miedo a su sombra, o, incluso, de salir a tirar la basura”, informó.
Las personas que cruzaron la frontera sin documentos están especialmente inseguras sobre si registrarse tras la detención o deportación de estudiantes internacionales y otras personas que son ahora detenidas o deportadas a pesar de tener visas o audiencias judiciales pendientes.
“Le estás pidiendo a las personas que salgan de las sombras y nos inscribas en un sistema del que la mayoría probablemente no ha oído hablar”, dijo Patiño. “Parece que el gobierno intenta crear una trampa burocrática con la gente: estás en problemas si lo haces; estás en problemas si no lo haces”.
