Buenos Aires. La protesta salarial de gendarmes y prefectos, que ayer cumplió ocho días, no logró ser desactivada por el Gobierno nacional: apenas concluyó la conferencia de prensa sobre los salarios de las fuerzas de seguridad realizada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, los uniformaron decidieron continuar la vigilia en los edificios centrales de Gendarmería y Prefectura.
Anoche, varios centenares de gendarmes y prefectos marcharon hacia la Plaza de Mayo para expresar su descontento, mientras que otros uniformados, tras conversar con sus superiores, optaron por volver a sus casas y a sus puestos.
Una recorrida por los grupos de prefectura reunidos en torno al edificio Guardacosta, frente a Puerto Madero y a 500 metros de la Casa Rosada, reflejaba decepción en los comentarios. El reconocimiento de Abal Medina respecto a la “imposibilidad” de otorgar un básico de siete mil pesos eclipsó el resto de los anuncios gubernamentales, entre ellos, “la recomposición salarial de la parte en blanco”, que pasó de representar un 20 por ciento del salario total, a un 90 por ciento, con su consecuencia en las liquidaciones de aguinaldos y aportes jubilatorios.
“Nosotros no nos vamos. Se nos han reído en la cara”, dijo en las escalinatas del edificio Centinela, el gendarme (pasado a disponibilidad) que oficia de vocero, Raúl Mazza. “No entienden nada”, decían otros en referencia al Gobierno. Gendarmes y prefectos esperaban una respuesta al petitorio elevado la semana pasada, que entre otros puntos, contemplaba el aumento a siete mil pesos del básico y la posibilidad de sindicalizarse y de asimilarse a una ART.
Ni Abal Medina ni Lorenzino aludieron al petitorio. La conferencia, en cambio, hizo eje en irregularidades descubiertas en la liquidación de haberes. “Nos encontramos con un desquicio administrativo”, sintetizó Lorenzino.
"Industria del juicio". Los funcionarios apuntaron a un grupo de estudios jurídicos y juzgados (nombraron uno de Río Gallegos y otro de Santo Tomé) que actúan como representantes de "mandos altos, medios y bajos" de Prefectura y Gendarmería para obtener cautelares que "distorsionan los salarios". Abal Medina habló de "industria del juicio".
Según Lorenzino, las cautelares, en 2012, representaron un costo fiscal de 1.562 millones de pesos. “Un prefecto mayor, con cautelar, cobra 33 mil pesos, y otro, con el mismo rango pero sin cautelar, cobra 22 mil”. En lo más alto de la escala jerárquica, “el cien por cien de los salarios está judicializado”, dijo Abal Medina.
Se dieron ejemplos asombrosos. Salarios de hasta cien mil pesos, que de no haber en el medio una medida judicial, deberían ser de 21 mil pesos. “Y no pagan Ganancias”, agregó Lorenzino.
El ministro dijo que con la aplicación del decreto 1.307, que, se supone, regulariza los salarios distorsionados por suplementos no remunerativos y cautelares, “un efectivo que cobra 90 mil pasaría a 29 mil pesos”.
Remarcó que, en cambio, para los salarios menores de 12 mil pesos, el nuevo ordenamiento no supondrá “cobrar menos que antes”.
También se informó que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ayer realizó denuncias penales contra los responsables de las liquidaciones salariales.
La gravedad de la denuncia sobre las liquidaciones de haberes de Gendarmería y Prefectura corre en paralelo con un interrogante: ¿cómo puede ser que funcionarios con años en la estructura del Estado ignoraran estas irregularidades?
“Echarles la culpa a Menem y a Cavallo después de 10 años de gobierno kirchnerista es una muestra de incapacidad de gestión y es no reconocer los errores propios en el mal manejo administrativo de los sueldos de gendarmes y prefectos”, opinó el diputado nacional opositor Fernando “Pino” Solanas.
Jueza en discordia
"Absoluta mentira". La jueza federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, calificó de una "absoluta mentira" los dichos del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, acerca de que ese juzgado fue uno de los responsables de haber generado "un descalabro" en los haberes de gendarmes y prefectos.
Antecedentes. "Ana Álvarez, jueza subrogante, está casada con un comodoro y es nuera de otro comodoro, Luis Estrella, que está imputado por delitos de lesa humanidad, vinculado con la desaparición de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en La Rioja, y también en la causa del obispo Enrique Angelelli", dijo ayer Abal Medina.
Amenaza de incendio
Unos cuarenta agentes de la Policía de Chubut tomaron ayer oficinas de la jefatura de la fuerza de seguridad, a las que ingresaron con sus hijos y bidones con solvente, tras lo cual el Gobierno advirtió que se trata de “un delito grave” y no de una protesta.
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