Un proyecto de ley de sólo cuatro artículos, presentado por el presidente del interbloque Frente de Todos, el senador José Mayans, y por la vicepresidenta del espacio, Anabel Fernández Sagasti, propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) esté “compuesta por 25 jueces y juezas” y que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” de dicho tribunal con su nueva integración.
En su tercer artículo, dice que los actuales cuatro miembros –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– “conservarán sus cargos” y que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”, mientras que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”.
En los fundamentos, el proyecto no cuestiona a los actuales magistrados y señala que la ampliación tiene por objeto evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” y “favorecer la inmediatez” en la resolución de expedientes.
La CSJN, actualmente compuesta por cinco jueces, tiene una vacante por la renuncia de Elena Highton de Nolasco, producida en 2021, la que se suma a la del procurador General de la Nación, desde 2017, y a la del defensor del Pueblo, desde 2009.
Las razones del proyecto y de las vacantes son políticas, ya que los fallos que dicta dicho tribunal no complacen a quienes gobiernan y temen que ello se repita cuando se resuelvan las causas de la corrupción de algunos de sus funcionarios, entre las cuales están la vicepresidenta y sus dos hijos. Las condenas al exvicepresidente Amado Boudou, al exministro Julio de Vido y a Milagros Sala les preocupan, como ya lo demostró el presidente Alberto Fernández cuando visitó a esta última en Jujuy.
Críticas
El proyecto no es viable porque:
1) Si las sentencias son lerdas hoy, al tener que ser estudiadas y firmadas por cuatro jueces, cuando tengan que hacerlo 25 la “inmediatez” será mucho más que imposible;
2) Si se intentara, como algunos proponen, dividir al alto tribunal en ocho salas especializadas de tres miembros cada una, ello sería contrario a la Constitución Nacional (CN), que habla de “una Corte” (artículo 108) y no de ocho, y porque sus fallos podrían ser contradictorios;
3) La designación de los nuevos jueces a propuesta de los gobernadores también contradice a la Constitución (artículo 99, inciso 4), que exige que tales cargos sean cubiertos por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado;
4) Si hoy las oficinas de los apenas cuatro integrantes ocupan más de un piso del edificio de una manzana de calle Talcahuano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), con 25 habría que ocupar cuatro pisos más, lo que significaría edificar un nuevo Palacio de Justicia;
5) En momentos de crisis económica, destinar más recursos fiscales para construir un nuevo edificio y para abonar sueldos millonarios, como tendrían los 25 magistrados y los secretarios letrados (que cobran un plus por antigüedad desde que son abogados y no desde que ingresaron a la Justicia) y demás personal que acompaña la labor de cada magistrado, sería disparatado, y un pésimo ejemplo para quienes padecemos este mal momento.
Para reformar la Justicia, antes que aumentar los miembros de la Corte Suprema hay que cubrir el 30 por ciento de vacantes que tiene la Justicia federal, y es imprescindible reducir el número de pleitos, que en su mayoría son generados por el Estado al chicanear juicios en su contra, contrariando a la Constitución, a las leyes y a la jurisprudencia de los tribunales, como ocurre con los ciento de miles de pleitos que se tramitan por los recortes a jubilaciones, pensiones y retiros.
Esperemos que quienes nos representan en el Congreso no conviertan en ley este proyecto.
* Profesor emérito de la UNC y de la UCC; exdiputado de la Nación
