Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, anunció que planea eliminar el Impuesto a las Ganancias que tributan los trabajadores, en caso de llegar a la presidencia el próximo 10 de diciembre.
El cambio o eliminación del Impuesto a las Ganancias es un pedido que, desde distintos sectores y en diferentes momentos históricos, se efectuó a quienes tuvieron a su cargo la cartera económica nacional.
Sin embargo, el deseo de eliminar el Impuesto a las Ganancias está plagado de hipocresías. Se menciona frecuentemente en los discursos políticos el objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. Por el otro, con el mismo énfasis, se rechaza el Impuesto a las Ganancias, una de las principales herramientas tributarias con las que cuenta el Estado para contribuir a una distribución más progresiva del ingreso.
Uno de los mayores errores en términos de este impuesto es expresarlo como que recae sobre “las ganancias”, lo cual lleva a malentendidos sobre todo cuando, producto de contextos inflacionarios como los actuales, se amplía continuamente la cantidad de personas alcanzadas. Lo correcto, en cambio, es establecer un tributo que recae sobre los “ingresos” y que debería hacerlo de manera progresiva.
Por qué eliminar el Impuesto a las Ganancias no es una buena idea
En primer lugar, la parte del impuesto que se cobra a las personas equivale a cerca de 2% del PIB. Esto implicaría una pérdida de recaudación no despreciable, que, de no mediar una baja en el gasto público, en un contexto de falta de financiamiento externo llevaría a un mayor financiamiento monetario y a una mayor inflación.
En segundo lugar, se avanzaría en materia tributaria en la dirección opuesta a lo que hacen los países desarrollados. En estos, uno de los pilares del sistema son los impuestos que gravan los ingresos de las personas y empresas. A través de los impuestos que gravan los ingresos, se busca otorgar mayor progresividad al sistema y se alienta que este recaiga sobre las fases finales de los procesos productivos, y no al inicio o en el transcurso de ellos, como sucede en Argentina. El fundamento es evitar distorsionar las decisiones económicas de producción.
Muestra de esto es el porcentaje de los ingresos fiscales que representa el impuesto a los ingresos respecto del PIB en 2022. Mientras que, en los países desarrollados de la Ocde, el impuesto a los ingresos personales recauda en promedio alrededor del 8% del producto interno bruto (PBI), en Argentina esta cifra es significativamente más baja, alcanzando aproximadamente el 2% del producto. Esta discrepancia se vuelve aún más evidente cuando comparamos con nuestros países vecinos. Uruguay recauda un 4% de su PIB; Brasil un 3%, y Chile también un 2%, a través de este impuesto.
Los datos indican que, en lugar de eliminarlo, se debería aspirar a tener un sistema tributario con mayor participación de impuesto a sobre los ingresos. Aunque pueda ser popular reducir o eliminar el impuesto sobre los ingresos en el corto plazo, conlleva un costo fiscal ineludible que debe ser asumido por el Estado y, en última instancia, por todos los ciudadanos.
Si el deseo es avanzar hacia una sociedad más igualitaria, mucho más beneficioso de eliminar el impuesto sobre ingresos es reducir la inflación. La inflación funciona como un impuesto y es un fenómeno mucho más perjudicial que el aumento en la presión tributaria a través de ganancias. Por un lado, porque genera mayor perturbación sobre la actividad productiva. Por el otro, porque es mucho más regresivo, ya que recae proporcionalmente más fuerte en los sectores más vulnerables. Bien diseñado, el impuesto sobre los ingresos no debería afectar a los sectores de más bajos ingresos y mejoraría los ingresos del Estado.
Ordenar el Estado
En vez de eliminar Ganancias, Argentina necesita de un ordenamiento tributario.
Más que simplemente añadir soluciones temporales o anuncios buscavotos, es imperativo abrazar una reforma integral que ponga en orden la compleja estructura fiscal del país.
Un primer paso es la consolidación de todos los impuestos relacionados con la obtención de ingresos en un único “impuesto a los ingresos personales”. Este tributo debería aplicarse de manera equitativa sobre la totalidad de las remuneraciones, estableciendo mínimos no imponibles uniformes para todos los contribuyentes y alícuotas progresivas que se incrementen suavemente con el nivel de ingresos y eviten así las abruptas transiciones en la presión tributaria.
Como contrapartida, se debería tender a eliminar la participación de impuestos distorsivos al consumo y a la producción, como Ingresos Brutos. La clave para una reforma de esta magnitud radica en la simplificación y en la unificación de los impuestos.
Este enfoque no sólo simplificará la administración tributaria, sino que también promoverá una mayor equidad en la distribución de la carga impositiva. Asimismo, se puede alentar a que las provincias sean beneficiarias del IVA que se genera en su territorio y, de esta manera, diluyan la enorme dependencia que hoy tienen de las transferencias del gobierno central.
* Economista de Idesa
