El extraordinario abogado y filósofo argentino Carlos Santiago Nino escribió una obra llamada Un país al margen de la ley. En él refleja de manera magistral la tendencia de la sociedad argentina a la anomia, o más específicamente a la ilegalidad, y vincula esa tendencia con la falta de desarrollo de nuestra Argentina.
En este contexto, que no se ha superado, la reforma del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba (ley 10.326) se presenta como una oportunidad concreta para avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho desde su base: la vida cotidiana de la ciudadanía.
Allí, donde el poder informal, la impunidad o la indiferencia ante las infracciones cotidianas ganan terreno, florece una cultura de anomia que es funcional al desorden estructural y a la pérdida de confianza en las instituciones.
Hacemos un aporte al proceso de reforma iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad, con algunas ideas que pueden ser debatidas en su seno.
Propuestas concretas
1) La participación ciudadana digital en el control y la denuncia de infracciones.
Proponemos la colaboración activa de la ciudadanía en el cumplimiento del Código de Convivencia mediante la posibilidad de registrar y enviar evidencia audiovisual (fotos/videos) de infracciones, para que la Policía Municipal o la autoridad competente que se determine evalúen su validez y, si corresponde, labren el acta pertinente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona a través del sistema “BA 147”, con funcionalidades similares para denuncias urbanas.
Derrame de líquidos en la vía pública, basurales, vehículos estacionados en cocheras particulares o en lugares prohibidos, invasión de carriles exclusivos para el transporte público y tantas otras infracciones pueden ser captadas por cualquier vecino, y luego del análisis de su veracidad, los casos se convierten en multas.
2) Responsabilidad del Estado por omisión de control.
Respecto de las molestias a terceros, corresponde establecer la responsabilidad del Estado por omisión del ejercicio del poder de policía, cuando se acredite de modo fehaciente que se produjeron incumplimientos en el control y la sanción de denuncias formuladas por las faltas municipales vinculadas a la tipificación mencionada y que no fueran resueltas en tiempo y forma.
Las autoridades municipales deberán instrumentar el proceso por el cual se realizarán los reclamos, los que deben quedar registrados y ser respondidos lo antes posible, con especial cuidado en la protección de los datos personales del reclamante.
Todo reclamo o denuncia vecinal, efectuada por cualquier medio, debe quedar registrada y ser de pública verificación.
Buscamos como objetivo determinar la responsabilidad del Estado frente a la omisión de ejercitar el poder de policía cuando se presentan reclamos ante los municipios por el incumplimiento de las normas establecidas por el Código de Convivencia, referidos a las molestias frente a terceros y que no logran la respuesta rápida de la Administración.
3) Establecer un sector de prohibición para realizar cortes de calzada por manifestaciones.
Proponemos definir una zona de prohibición para realizar manifestaciones públicas en la ciudad de Córdoba, en el radio comprendido entre Marcelo T. de Alvear-Figueroa Alcorta, Humberto Primero-Sarmiento, avenida Maipú-bulevar Chacabuco y bulevar Illia-bulevar San Juan. En todos los casos, en ambas manos. Quedan exceptuadas de la aplicación de esta norma las manifestaciones vinculadas a temas como la defensa del orden constitucional, el recuerdo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 o por reconocimiento de derechos vinculados con la igualdad.
Muchos cordobeses se han visto perjudicados por estas marchas al no poder llegar a tiempo a sus trabajos y ver así impedido el desarrollo normal de sus actividades.
Mediante esta iniciativa, no buscamos cercenar el derecho a peticionar de distintas organizaciones políticas y sociales que, con razonabilidad, llevan adelante sus reclamos en un contexto severo de crisis.
4) Evaluación semestral de calidad de los servicios públicos.
Disponer un proceso de evaluación semestral de la calidad de las prestaciones de los servicios públicos de la ciudad regulados por el Ersep, en el que los usuarios puedan colocar una calificación que deberá estar incorporada como ítem al momento de efectuar la renovación de las contrataciones de las prestatarias, y tener gravitación al momento de determinar los resultados. Estos serán públicos.
Establecer que sea el Ersep el que lleve adelante mecanismos, modalidades, criterios de ponderación y procedimientos administrativos necesarios para la efectiva implementación de lo dispuesto. También controlará los servicios de transporte público de pasajeros y los de recolección de residuos.
Los resultados deberán ser determinantes para la continuidad de la empresa y para establecer penalidades por incumplimientos.
La propuesta no solo apunta a garantizar la eficiencia en los servicios esenciales, sino también a introducir un criterio evaluativo que valore de forma positiva a aquellas empresas concesionarias que recibieron mejor puntuación por parte de los usuarios, como un factor más en los procesos licitatorios.
Legislador provincial (UCR)
