Martín Llaryora dará el martes lo que sería su último discurso de apertura de sesiones como intendente de Córdoba. De no surgir ningún imponderable, el 1 de marzo de 2023 lo hará como candidato a gobernador, muy posiblemente ya en el marco de una campaña proselitista a pleno. Este año, en cambio, no se saldrá del carril de la gestión en su mensaje ante los concejales: no hablar de candidaturas es un mandato en Hacemos por Córdoba, y al intendente no le cuesta en lo más mínimo respetarlo.
No necesita pelear esa candidatura y, mucho menos, anticipar los tiempos.
Llaryora ya era el candidato a suceder a Juan Schiaretti antes de ser intendente de Córdoba: se trata de la jugada más estudiada del peronismo cordobés desde aquella que dejó atrás el sello del PJ para dar nacimiento a Unión por Córdoba, la creación de José Manuel de la Sota que cambió hace casi un cuarto de siglo la escena política mediterránea.
Además, Llaryora entiende la política como gestión y la ejerce plenamente desde la administración municipal.
La estructura que en dos años consolidó en la Capital trasciende a los históricos punteros del PJ –que nunca habían ganado una elección– y está férreamente atada a los programas municipales: la economía circular que impulsa articula a centenares de personas y empresas en torno del aprovechamiento de la basura; la relación con los centros vecinales tiene una intensidad y un fondeo crecientes, y las líneas de desarrollo social que lleva adelante el municipio se multiplican. Desde la semana pasada, por ejemplo, incluyen aportes de 80 mil pesos para la compra de materiales para la ampliación de viviendas.
En adelante, el Ente Metropolitano será la herramienta para el despliegue más allá de la Capital. El Gran Córdoba será el escenario de la articulación provincia-municipio. Schiaretti aportará buena parte del financiamiento y Llaryora será el gran armador de ese esquema que entusiasma a numerosos intendentes de varios partidos distintos.
Llaryora tampoco enfrenta ninguno de los problemas de sus opositores de Juntos por el Cambio. El peronismo no desafía el liderazgo de Schiaretti –el cierre de listas de la interna del PJ lo grafica– y quienes tienen ambiciones de futuro optaron por la no confrontación: el intendente de Villa María, Martín Gill, es el ejemplo más cabal.
Camino despejado
La posibilidad de que el intendente de Córdoba tenga adversarios internos de peso es mínima: en el peronismo están habilitados todos los intentos de proyección y crecimiento, siempre que contribuyan a fortalecer a Llaryora en 2023. El vicegobernador Manuel Calvo, entre muchos otros, prepara su lanzamiento al corriente de esa circunstancia.
En consonancia con esa evidencia, apuntar a Llaryora es el único punto de acuerdo de la oposición, que hace tiempo parece haber asumido que “pegarle” a Schiaretti es una tarea infructuosa en Córdoba. Los concejales opositores no pudieron crear un bloque, por las diferencias que mantienen, pero la semana pasada crearon un interbloque sólo a los efectos de potenciar las críticas al intendente.
El PRO es el ejemplo más extremo de admiración a Schiaretti: defiende una postulación de Gustavo Santos –quien días atrás volvió a exhibir el respaldo de Mauricio Macri– como una “continuación” del cordobesismo. Ni siquiera Luis Juez cuestiona públicamente al gobernador, y la propia Patricia Bullrich fue quien a su paso por Córdoba intentó entusiasmar a los dirigentes de Juntos por el Cambio asegurando que Schiaretti es invencible, pero Llaryora no.
No obstante, radicales y juecistas leen las mismas encuestas que los peronistas: la valoración de la gestión municipal crece y la imagen del intendente, también. Llaryora controló en su primer año de gestión el frente gremial que enloqueció a casi todos sus antecesores y no hay un solo indicio de que a la ciudad le falten recursos: la creciente presión impositiva municipal hace lo suyo, la reestructuración del gasto que implicó la reducción inicial del gasto salarial también impacta y los recursos que aporta la Provincia en obras en la Capital son decisivos para que la gestión haga la diferencia. La mayor parte de esas obras se concretarán este año.
El frente más riesgoso que enfrenta el municipio es el del transporte. Se trata del eje de los reclamos a la Nación, que más allá de suponer una jugada para que el Gobierno gire más recursos al interior, también constituye una bandera política fundamental para el peronismo cordobés: mostrarse en las antípodas del kirchnerismo y de la gestión de Alberto Fernández es una prioridad que atraviesa toda la agenda de temas. Lo será cada vez más.
Más allá del reclamo, el municipio destina una masa creciente de recursos a la prevención de los conflictos en el transporte urbano: desde subsidios directos para “cubrir” los demorados envíos de la Nación o concretar una inversión de casi tres mil millones de pesos para la compra de colectivos propios ante el riesgo de “caída” de las prestatarias privadas. Son elocuentes las señales de que el transporte es el gran riesgo de la gestión Llaryora.
De momento, los otros frentes de la apuesta de Hacemos por Córdoba están controlados. La oposición es la que mejor lo sabe.
