Seguramente, Juan Grabois, asesor del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz e impulsor del Proyecto Artigas, y Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura y expresidente de la Asociación Rural Argentina, despidieron el 2020 brindando por un año mejor, tal vez por una Argentina de paz y prosperidad para sus habitantes; recibieron el 2021, sin embargo, intercambiando no ideas propicias a tales deseos, sino viles agravios por Twitter (“machirulo, macho alfa, narco, usurpador a control remoto”, etcétera).
Resulta evidente que Grabois y Etchevehere son metonimia en la dialéctica de un antiguo conflicto socioeconómico y, lamentablemente, de su tradicional forma de abordarlo no obstante los ribetes posmodernistas, claro.
Términos del conflicto
Justicia y propiedad son sístole y diástole en el corazón de este conflicto que late con arritmia cada vez más creciente.
En 2017, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares indicaba que cuatro millones de personas habitaban hacinadas en “villas” y en asentamientos populares en precarias condiciones.
Extrapolando a 2021, la cifra probablemente excede el 10% del total de la población Argentina; el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estima que un tercio de la población Argentina no posee una vivienda adecuada; y más del 40% de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para 2020.
Por otra parte, el número de usurpaciones de tierras ha subido de manera vertiginosa en los últimos años, ya sea espontáneamente o por impulso de prestidigitadores políticos que se aprovechan de la triste situación para ganar visibilidad en el marco del harto conocido conflicto entre campo y kirchnerismo.
Pero la solución al problema estriba en la articulación de una política nacional que surja del concierto de fuerzas sociales del país mediante estudios de la realidad nacional, y no, claro está, en el infantilismo que reina soberano en Twitter.
Por eso, en 2021 hay que darle la bienvenida al Plan de Desarrollo Humano Integral impulsado por sindicatos y movimientos sociales, con sustento académico.
Plan Marshall criollo
Si bien el presidente Alberto Fernández ha dicho que la idea de Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no le resulta descabellada, lo que se debe hacer es buscar las tierras fiscales inactivas y no las privadas.
Según el último censo agrícola del Indec (2018), existen nada menos que 7.600.000 hectáreas de tierras fiscales en todo el país, pero concentradas principalmente en Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Formosa, Río Negro, La Rioja y La Pampa.
En la articulación de este “Plan Marshall criollo”, universidades y Gobierno deberían tomar nota de la experiencia israelí en materia de comunas agrícolas y comunidades rurales cooperativas (kibutzim y moshavim), innovaciones que han jugado un papel central en la economía de Israel y generado admiración internacional.
El Inta y las universidades nacionales deberían apadrinar estos asentamientos planificados, que necesitarán de fondos de la Nación para que, a través de los ministerios correspondientes, cuenten con infraestructura básica (escuelas, hospitales, agua, energía, saneamiento).
Para que estas nuevas comunidades populares sean exitosas y atraigan a la población que hoy sufre en los conurbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Córdoba, Mendoza y Santa Fe, es imprescindible que las iniciativas estén integradas al sector privado y puedan desarrollarse económica y comercialmente.
Como así también es imprescindible que estas u otras iniciativas para dar acceso al suelo y a la vivienda social estén basadas en la Constitución Nacional, porque la justicia, o sea el "dar a cada cual lo suyo," sólo existe donde existe la propiedad, como dice Thomas Hobbes en su Leviatán, ya que donde no hay propiedad (algo que pueda llamarse de "suyo") no puede haber justicia; y la propiedad comienza cuando existe un gobierno que pueda hacer respetar los contratos y la ley, de lo contrario retrocedemos a un estado de guerra de todos contra todos y donde la justicia no existe ni puede existir.
*Exdiputado nacional; expresidente de la Daia (Córdoba)
