La ciencia argentina enfrenta hoy una encrucijada crítica. A lo largo de décadas, nuestro país ha construido una comunidad científica de alto nivel, con investigadores e investigadoras que hicieron contribuciones significativas en múltiples disciplinas.
Hacia finales de 1985, el Conicet tenía unos dos mil investigadores; con mucho esfuerzo, luego de cuatro décadas, el organismo cuenta con poco más de 10 mil y un número similar de becarios de doctorado y posdoctorado. Sin embargo, este progreso en el aumento del capital humano, muy calificado, se ve amenazado por la discontinuidad de políticas que prioricen la creación de conocimiento científico-tecnológico entendido como elemento fundamental para un modelo de desarrollo socioeconómico nacional.
El financiamiento de la ciencia en la Argentina fue históricamente fluctuante y dependió más de los vaivenes políticos que de una estrategia de largo plazo. A principios de los años 1990 se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; en 2005 se establecieron los cimientos para un plan estratégico nacional a mediano plazo en ciencia, tecnología e innovación: el plan Argentina Innovadora 2020, y luego el plan 2030, que se transformó en ley en 2023″. Estas iniciativas generaron cierta expectativa en la comunidad científica y en los gobiernos locales; sin embargo, hoy reina la incertidumbre y el desconcierto.
Pese a contar con un sistema público de ciencia y tecnología que ha dado frutos en términos de desarrollo de conocimiento, formación de recursos humanos e innovación, las condiciones de trabajo se han deteriorado, sobre todo en el último año.
La reducción de presupuestos, la parálisis en el envío de fondos aprobados –que en muchos casos están vinculados a financiamiento externo otorgado al país a tales efectos– sumados a la incertidumbre en la continuidad de proyectos ya evaluados y financiados, más la fuga de cerebros son síntomas de una crisis que se profundiza.
Este deterioro tiene consecuencias directas en investigadores e investigadoras del país. La falta de previsibilidad, los bajos salarios y la escasez de recursos para desarrollar investigaciones de calidad generan desmotivación y desaliento. Muchos profesionales, muy capacitados gracias al financiamiento del sistema público, optan por emigrar en busca de mejores oportunidades, lo que implica una pérdida de talento difícil de recuperar. Quienes deciden permanecer enfrentan la precarización de sus condiciones laborales y la lucha constante por conseguir financiamiento, lo que limita su capacidad de innovar y producir conocimiento de impacto global.
En un contexto global donde el desarrollo de conocimiento es el motor de las economías más desarrolladas, Argentina no puede darse el lujo de desmantelar su estructura científica que tanto esfuerzo llevó construir con la participación de una red de instituciones, entre las que se encuentran las universidades, organismos como Conicet, Inta, Inti y Conae, los sistemas provinciales de CyT y muchas otras.
La inversión en investigación y desarrollo no es un gasto, sino una apuesta por el futuro. Desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, pasando por las energías renovables y la nanotecnología, el país cuenta con grandes capacidades y potencialidades para liderar avances que beneficien a la sociedad y a la industria. Sin embargo, sin políticas públicas claras y financiamiento acorde, estos esfuerzos quedan a merced de la precarización y la falta de perspectivas.
Es urgente que el Estado y el sector privado comprendan que el desarrollo científico no es un lujo ni un privilegio de pocos, sino una necesidad estratégica para un país que aspira a un crecimiento sustentable e inclusivo. Las naciones que lograron consolidarse en el escenario mundial lo hicieron apostando a la educación y a la ciencia. En Argentina, la comunidad científica demostró resiliencia y compromiso, pero necesita con urgencia condiciones dignas para seguir generando conocimiento que beneficie a toda la sociedad.
La ciencia argentina está en juego; y con ella, nuestro futuro como país.
* Decano de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC); investigador principal de Conicet
