Hace más de tres décadas que en el Congreso de la Nación se presentan proyectos que van en el sentido de bajar la edad de imputabilidad. Algunos han tenido buena intención, como el debate propuesto por el reconocido especialista y académico Emilio García Méndez (a mi entender, uno de los más destacados expertos que con autoridad pueden opinar sobre esta temática, en extremo delicada).
Si bien hubo varias iniciativas, estas siempre perdieron estado parlamentario sin haberles dedicado el tiempo para debates serios y sostenidos en comisión. Son temas calientes, que nadie se atreve a tocar. No hubo compromiso, coraje ni dedicación. Se desperdició tiempo y faltó voluntad. Ni siquiera para aprovechar el bagaje y la experiencia del camino recorrido por otros países que legislaron al respecto.
Tampoco se estudiaron los estándares en materia de infancia y derecho penal recomendados por los organismos internacionales que refieren a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, siempre que se aborda esta temática prevalece una concepción represora sobre la socializadora y reeducadora.
Después de tanto tiempo, todo sigue igual. Y, lo peor, en un contexto totalmente diferente, agravado en extremo por el imperdonable crecimiento de la pobreza y el incesante y sustancial desarrollo del narcotráfico, con un preocupante consumo de drogas, generalizado en amplios sectores de la sociedad, pero con mayor impacto en los menores, y mucho más en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Si priorizara ser coherente con mi formación política progresista, debería sostener la necesidad de resolver primero esta compleja y dolorosa situación en lugar de pensar en una modificación al régimen penal juvenil. Pero si partimos de una realidad que sería muy torpe desconocer, todos sabemos que, aun gestionando de maravillas este país (cosa que me permito dudar en extremo), remontar desde el abismo en que nos encontramos nos llevaría muchas décadas. Y mientras tanto, la situación se tornará cada vez más compleja.
¿Es necesario bajar la edad de imputabilidad? Particularmente, creo que sí. ¿Es posible en la Argentina actual? Definitivamente no.
Jamás se podría sancionar una ley en ese sentido sin antes preparar toda la infraestructura física, edilicia, de recursos humanos necesarios para tal fin. Sabido es que los menores en conflicto con la ley penal no pueden ser alojados en el sistema penitenciario para adultos.
Cuando hablo de la infraestructura física, me refiero a establecimientos especiales diseñados por expertos, con las características de “servicios educativos de readaptación y socialización” de los menores que ahí serán derivados. Con la particularidad de escuelas-internados, con espacios amplios y adecuados, pero que alberguen a una población reducida de menores, con una frecuente y muy aceitada presencia de la familia y afectos en términos de visitas casi permanentes.
La idea que debe primar es la finalización de los estudios que tuvieran pendientes, preparación incluso para el ingreso a estudios terciarios o universitarios, y que puedan desarrollar habilidades laborales, artísticas o culturales que garanticen la tan necesaria socialización que les permitirá integrarse con éxito en la comunidad en la que deberán vivir luego de cumplir con la sanción impuesta.
Para ello, la cercanía y el contacto con la familia son fundamentales. Incluso, muchas veces también ella debe ser asistida y recibir tratamiento y acompañamiento, para facilitar y garantizar una integración sólida al ámbito familiar.
Esos espacios destinados al estudio, la recreación, la práctica del deporte y actividades de carácter cultural deben ser conducidos por personal preparado para el trato con los menores, cuya problemática no sólo radica en haber cometido delitos, sino que en la gran mayoría de los casos son adictos, con severos trastornos de conducta, violentos y de difícil adaptación. Es necesario abordar esta problemática despojándola del romanticismo de que sólo bastan las buenas intenciones.
El proceso por el que deben transitar no es fácil, en absoluto. Es por ello que el personal (multidisciplinario), además de tener sus títulos habilitantes en cada una de las profesiones, deberá recibir una capacitación especial, con remuneración acorde a tan delicada tarea. Serán los encargados de estar siempre acompañando a los menores.
Estos establecimientos deberán tener un estricto control por parte de la autoridad de aplicación (Ministerio de Justicia) y, además, conociendo los aberrantes y vergonzantes sucesos que ocurren en los servicios penitenciarios o en los centros de detención de menores, es necesaria una articulación permanente con los organismos de derechos humanos vinculados y especializados en minoridad.
Se recomienda que estos lugares de albergue se encuentren ubicados territorialmente de manera estratégica, considerando la importancia de la cercanía con el asentamiento de la familia del menor. Incluso los regímenes de salidas transitorias deberán pasar por rigurosos estudios del personal especializado, en conjunto con los jueces de menores que atienden los casos.
Cuando hablo de oportunismo, es porque frente a los dolorosos sucesos cada vez más frecuentes en los que intervienen menores en actividades delictivas, surge el discurso sobre la sanción de una ley penal juvenil que baje la edad de imputabilidad.
Cuando refiero a irresponsabilidad, es porque es imposible sancionar una ley de estas características sin la infraestructura necesaria para su aplicación.
Cuando hablo de hipocresía, me refiero a que nunca hubo en las últimas décadas voluntad de abordar de manera integral el tema, dilapidando dinero en lo superfluo y evitando atender lo importante y urgente.
Entonces, entre discursos hipócritas, irresponsables y oportunistas, así andamos, desorientados en una Argentina donde seis de cada 10 menores son pobres, carecen de horizontes y de proyectos de vida, son expulsados del sistema y los seduce la actividad delictiva. Su razonamiento –no justificable, pero lógico y entendible– es “si mi vida no vale nada, ¿por qué razón debo valorar la de los otros?”.
* Exdiputada nacional
