En 1820, la dirección del proceso de organización política en el Río de la Plata gestionada por el gobierno central atravesaba su momento más frágil. El año anterior, las provincias habían rechazado la Constitución unitaria sancionada por el Congreso y en febrero de 1820 la derrota de Rondeau en la batalla de Cepeda precipitó la caída del Directorio y la disolución de aquel Congreso.
Se iniciaría a partir de entonces un nuevo período en la historia política y constitucional argentina, la mal llamada “anarquía”, el tiempo de las “autonomías provinciales”, o, mejor, el momento de los pueblos.
Consecuentes con su condición de soberanas –la autonomía que predica de ellas la teoría constitucional actual fue el resultado de un desplazamiento conceptual operado en la segunda mitad del siglo XIX–, las provincias comenzaron a transitar la senda del constitucionalismo.
En este nuevo escenario político, a la declaración de independencia le siguió la sanción de textos constitucionales, decisión que se presentaba como una buena estrategia para afirmarse políticamente y posicionarse ante sus pares.
El 27 de septiembre de aquel año se inició formalmente el proceso constituyente que culminó el día 31 de enero del año siguiente con la sanción del Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba, la primera Constitución de esta provincia.
En una intensa sesión parlamentaria, los diputados de la Soberana Asamblea decidieron que Córdoba tuviera su primera Constitución, un Reglamento Provisorio, el que debía ser elaborado por una comisión de notables, ajena al propio cuerpo de representantes.
Al día siguiente, la tarea se encomendó a José Gregorio Baigorrí, a José Norberto de Allende y a Lorenzo Villegas –este último no participó en la redacción–, personajes muy reconocidos y distinguidos que habían participado –y lo seguirían haciendo– en la vida política cordobesa.
Tanto la cuestión nominal –reglamento– como el adjetivo asociado –provisorio– han sido algunos de los argumentos esgrimidos para calificar –o más bien descalificar– el texto cordobés de 1821.
Los constituyentes asociaron la idea de provisionalidad a la voz “reglamento” y reservaron la de permanencia a la Constitución.
En todo el contexto rioplatense, los textos provinciales fueron provisorios por la sencilla razón de que en el horizonte de expectativa de las comunidades políticas que los sancionaron –las provincias– estaba la organización del conjunto; ellas, en aras de la pretendida unión posterior, deberían renunciar a una porción de su poder y eso reconfiguraría necesariamente sus propios textos constitucionales.
A principios de enero de 1821, la comisión elevó a Juan Bautista Bustos el proyecto que habían redactado y este lo pasó a la Asamblea para su discusión y posterior sanción.
El debate constituyente se extendió a lo largo de ocho sesiones, durante las cuales los 13 representantes que participaron del proceso trataron y sancionaron consecutivamente los 31 capítulos en los que estaba dividido el proyecto presentado por la comisión.
Días más tarde, el cuerpo constituyente comunicó la noticia al gobernador adjuntando el texto completo para su respectiva promulgación y publicación “del modo más solemne posible”.
Bustos aceptó lisa y llanamente el documento que le enviaron los representantes y el día 20 de febrero del año 1821 firmó el decreto de promulgación y publicación –mediante bando solemne– de la primera Constitución de Córdoba.
El texto constitucional recogió el lenguaje de los derechos y las libertades nacido al calor de las revoluciones de finales del siglo anterior. También incorporó la división tripartita del poder entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la lectura que los actores políticos hicieron del texto, imbuidos de una cultura jurídica tradicional que hundía sus raíces en el pasado hispánico, condicionó la operatividad de las libertades y derechos generosamente declarados.
Por otra parte, el árido contexto económico-financiero de la provincia limitó intensamente la puesta en planta de las instituciones diseñadas por el texto constitucional.
Mención aparte merecen las disposiciones relativas a la –por entonces hipotética– Confederación. Ellas revelan que en el horizonte de expectativas de los primeros constituyentes cordobeses no había secesión, sino unidad. Una unidad entre iguales, bajo el supuesto de una república federada con un reparto de competencias entre los distintos órdenes de gobierno muy similar al que finalmente se diseñó en la Constitución Nacional de 1853.
Doscientos años después, celebrar aquel proceso constituyente de la provincia significa reafirmar el compromiso con el modelo federal de Estado que supimos conseguir. Reflexionar sobre nuestros orígenes, y el modo en el que históricamente se fue definiendo el reparto del poder político en nuestro país, nos ayuda a participar seriamente del debate sobre el rediseño del federalismo argentino, un asunto siempre presente en la agenda pública del país.
*Doctor en Derecho y Ciencia Política
