El cambio climático pasó a ser la principal preocupación en materia ambiental. El famoso Acuerdo de París –en el que 195 de los 197 países que pertenecen a las Naciones Unidas acordaron contener el aumento de la temperatura por debajo de dos grados centígrados– incide en la demanda de productos con menor huella de carbono, situación muy notoria en las economías más desarrolladas.
¿Cómo hacer para sumarnos desde el fin del mundo a la senda de la sostenibilidad?
La respuesta sin dudas la aporta la economía circular, basada en procesos tecnológicos que permitan valorizar los residuos y efluentes como materias primas o insumos para nuevos procesos. Y es aquí donde la bioeconomía jugará un rol clave a partir de la fotosíntesis como proceso de captura de carbono.
Posibilidades
En el nuevo paradigma productivo, la utilización de la biomasa y sus derivados (biocombustibles) como fuente de energía limpia representa un gran aporte a la matriz energética, descentralizando la generación y mejorando la provisión de energía en las economías regionales.
La agroindustria y el agregado de valor a la producción primaria harán el resto, creando empleo de calidad en el interior productivo del país y permitiendo así el necesario arraigo de los jóvenes en sus localidades de origen.
Todos sabemos que profesionales de 24 a 30 años todos los días están pensando en irse de Argentina porque no los contiene, no les da trabajo.
El economista Roberto Bisang, que fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018, refirió en la “Jonagro” de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) el potencial del agro argentino: 250 mil explotaciones ganaderas, 31 mil contratistas, 550 plantas de alimentos balanceados. Su mensaje: agregar valor en origen, generar desarrollo, empleo y arraigo.
Todo parece cerrar a la perfección. Sin embargo, hoy las etanoleras tienen dificultades para seguir con sus plantas, ante la abrupta caída del consumo de naftas y la suba en los costos de producción. Piden mejor precio y aumentar el corte en los combustibles.
Es el caso de la empresa Diaser, radicada en Villa Mercedes, San Luis, productora de biodiésel y bioetanol de maíz, que anunció la paralización de su producción y la suspensión de su personal. Bio4, por otro lado, paralizó su planta de etanol en Río Cuarto.
Obstáculos
Lo que sucede es que las empresas petroleras ya no compran el biocombustible para cumplir con el corte obligatorio, dado que colmaron su capacidad de almacenamiento.
Así, la interrupción de la producción de etanol genera un efecto en cascada que altera todos los otros procesos, como el caso de la producción de burlanda, una fuente de proteína que se ha ganado un lugar entre los tamberos y feedloteros de la zona, gracias a su alta digestibilidad y facilidad para integrar en las raciones.
¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Qué políticas debemos encarar? Es cierto que existen incentivos nacionales en marcha; de hecho, más de mil proyectos de inversión de parte de productores y mipymes agropecuarias de todo el país se presentaron en agosto de este año. Más de 100 de ellas son cordobesas.
En nuestra provincia, la bioeconomía está en la agenda política. Muestra de ello es el proyecto de ley presentado en la Legislatura, denominado "Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía” la semana pasada: ley pionera y enunciativa que marcará una política pública de desarrollo muy necesario para la provincia.
En proyectos como este, el factor educativo es clave. Toda política de Estado debe pensarse y ubicarse en el largo plazo, y allí la educación de jóvenes y adultos nos permite sentar bases para un futuro prometedor en la materia.
La agenda política del Gobierno provincial, difícil de intervenir desde la oposición y desde la Legislatura –por no decir imposible–, parece haber adoptado el tema.
¿Podremos lograr entonces una política de Estado consensuada y con base en la educación? ¿Lograremos torcer la historia y cumplir con los desafíos ambientales que nos propusimos? ¿Llegamos?
*Legisladora provincial (Coalición Cívica-Ari)
