Es una realidad inocultable que nuestros pueblos están viviendo un momento de profunda ebullición en defensa o exigencia del respeto a sus más elementales derechos ciudadanos. Las masivas marchas en Ecuador y las enormes movilizaciones populares en Chile así lo demuestran.
En uso de su legítimo derecho a manifestarse, estos pueblos se han puesto de pie y encontraron como respuesta la más brutal represión por parte de gobiernos elegidos democráticamente.
Que el pueblo chileno pida la renuncia de Sebastián Piñera no es otra cosa que el hartazgo acumulado por décadas de postergación en beneficio de una insignificante minoría. Nadie puede hablar de que se esté gestando un golpe contra su presidente.
Diferencias
Todo lo contrario es lo que vemos en el Estado plurinacional de Bolivia. Evo Morales Ayma, reelegido presidente en las elecciones del 20 de octubre pasado y a dos meses de finalizar su mandato, fue obligado a renunciar por las fuerzas armadas, luego del amotinamiento de las fuerzas policiales junto a la violencia incitada por Luis Fernando Camacho para generar caos y enfrentamientos en la población.
Hablamos de un golpe de Estado cívico-militar-policial, planificado y orquestado para impedir que Evo Morales continúe y profundice sus acciones a favor de las mayorías populares, indígenas y campesinas.
Sin una declaración de fraude de la OEA (convocada para auditar el escrutinio); con una senadora autoproclamada presidenta, en ausencia de los dos tercios de las cámaras (todos del MAS por habérseles impedido el ingreso al recinto); con una represión salvaje hacia todos los que se movilizan en defensa del orden constitucional; con un apagón informativo que impide a la población informarse de lo que sucede; con un presidente obligado a exiliarse por correr riesgo su vida y la de su familia, estamos frente a un golpe de Estado que nos retrotrae a las peores épocas de las dictaduras militares.
Orden constitucional
Apenas tuvimos noticias de lo que acontecía en Bolivia, desde la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, que presido, solicitamos a la Mesa Directiva constituirnos en el territorio boliviano, a fin de realizar un llamado al respeto del orden constitucional, que evitara derramamiento de sangre.
En estos momentos, y a través de nuestra comunicación con legisladores bolivianos, estamos a la espera de que nos habiliten para poder viajar y desde allí supervisar la situación de los derechos humanos en el país, a partir de las graves denuncias sobre violaciones a estos durante los sangrientos episodios que todos conocemos. Hemos convocado también a diversos organismos para sumarlos a la delegación.
En la sesión plenaria del 11 de noviembre, aprobamos por amplia mayoría "rechazar el golpe cívico-militar en curso en el Estado plurinacional de Bolivia, contra el gobierno democráticamente electo del presidente Evo Morales, así como la estrategia de violencia política extrema instrumentada por milicias privadas con la complicidad de mandos militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias".
Y resolvimos "realizar un llamado a la comunidad internacional a demandar la protección de la vida del presidente Evo Morales y de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales, así como de sus familiares, ante la ola de violencia desatada por los promotores del golpe de Estado".
Derechos humanos
En la misma resolución, el Parlasur declaró su "desconocimiento a cualquier régimen surgido del golpe de Estado" y encomendó a nuestra Comisión realizar el seguimiento permanente de la situación en cuanto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos luego de la ruptura del orden democrático en Bolivia.
“Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia de Estado (...) con dignidad e identidad del pueblo boliviano, con muchas conquistas sociales universalizadas”. Estas palabras pertenecen al presidente Morales al momento de dimitir.
Y es que efectivamente, luego de 13 años de gobierno, Bolivia se convirtió en el país con más desarrollo de la región. Y no sólo por los índices de crecimiento económico sino por la inclusión de las inmensas mayorías a través de la igualdad de oportunidades que les permitieran gozar de una vida digna.
Sabemos que la avaricia imperialista de los Estados Unidos y de sus cómplices locales nunca va a permitir la autodeterminación soberana de los pueblos y están y estarán siempre al acecho para impedirlo.
Pero sabemos también que un pueblo que fue reconocido en sus derechos y su cultura y que ha recobrado su dignidad difícilmente esperará pasivo el desenlace y seguirá de pie, luchando, para continuar por la senda de su felicidad.
La restitución del orden constitucional es el único camino.
* Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur
