En una semana más, el Presidente de la Nación estará frente al reducido auditorio de “los imprescindibles”.
Es un calificativo exagerado con el cual los empleados del Congreso están numerando los asientos de la Asamblea Legislativa que se hará, por primera vez, con los 19 más 12 presidentes de bloques de ambas cámaras y el resto de los legisladores mirando por la ventana de la sesión virtual.
La última vez que Alberto Fernández habló en ese plenario que conduce Cristina Kirchner empezó con una larga parrafada sobre el valor de la palabra en las acciones políticas. Luego entró en algunos detalles de la herencia que recibió de la gestión anterior.
Con los susurros del caso, en el propio Gobierno admiten hoy que el Presidente regresará al Parlamento con su palabra devaluada y números que exponen la mayor crisis del país en lo que va del siglo.
La emergencia sanitaria ya se cobró más de 51 mil vidas y los contagios superaron los dos millones. Según los datos oficiales de la Afip, desaparecieron desde aquel discurso unas 22 mil empresas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa estima en más de 90 mil los negocios que cerraron en todo el país. La destrucción de puestos de trabajo fue tan vasta que casi uno de cada dos argentinos está bajo la línea de pobreza.
Con un panorama tan desolador, el Gobierno había apostado a la reivindicación política de su gestión de la emergencia sanitaria. Aunque la expectativa de una inmunización masiva y rápida se frustró por la escasez de oferta, Alberto Fernández se ufanó con la expansión de la demanda. Dijo entre sonrisas que ahora todos le piden la vacuna venenosa que antes aconsejaban evitar.
Instruyó al Gobierno para que la distribución de la vacuna se hiciera con criterios de militancia política. Para demostrar que el oficialismo se cargó al hombro el problema de gestionar la pandemia y ahora puede entregar –con la marca partidaria en el orillo– el elixir de la solución.
Fue un desvarío que ya había comenzado a generar inquietud en la base social, que espera impaciente en los hospitales. Pero que estalló en la cúspide, en el vacunatorio de privilegio que la Casa Rosada montó en la oficina del ministro emblemático de la gestión sanitaria: Ginés González García.
En términos políticos, ese escándalo con jeringas de privilegio sepultó una aspiración oficial clave: la gestión de la pandemia ya no será un ancla posible para el Gobierno en las aguas agitadas de la disputa electoral.
La oposición sondea las chances de Fernán Quirós, el ministro de salud porteño como candidato de Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo naufraga en las antípodas: interrogó a fondo a Carla Vizzotti, antes de designarla en reemplazo de González García. Para detectar hasta dónde puede salpicarla el fango del “vacunatorio VIP”.
Quien seguramente celebró por lo bajo la saga que desterró al ministro de Salud fue su colega de Economía, Martín Guzmán. No por Ginés, sino por Horacio Verbitsky, el censor público que le había puesto el cristinismo para marcarle los límites en las conversaciones con el FMI.
Verbitsky se embarró con la delación de las vacunas por acomodo. El desprestigio público que se agenció –incluso en el Cels, el organismo de derechos humanos que preside– colabora un poco para atenuarle a Guzmán su mayor aflicción: necesita acordar con el FMI para anclar el dólar hasta que se vote.
El 2021 se le presenta al oficialismo ya no como el año del rebote económico posterior a la pandemia, sino como el momento del efecto social retardado del coma económico inducido por el confinamiento. Más el rebrote de la inflación.
Desde el Instituto Patria venían distribuyendo a través de Verbitsky sus propios lineamientos para el anclaje: el FMI aumentará su capital y a la Argentina le llegarían algo más de 3.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Haciendo contabilidad creativa con la fungibilidad del dinero, podría pagarse el vencimiento de deuda anual con el Fondo y negociar facilidades extendidas que despejen los compromisos hasta 2023. El año de Máximo en el calendario K.
Guzmán sabe que esos artilugios sólo pueden funcionar si con el Fondo acuerda un programa monetario y fiscal consistente. El dólar puede moverse demasiado en ese camino de sinceramiento. Y en el medio florecen como hongos las inconsistencias del Gobierno. Alberto Fernández desdeña hablar de un plan. Guzmán le enmienda la plana diciendo que el plan es el Presupuesto. Sergio Massa aparece proponiendo una reforma impositiva, por fuera del Presupuesto. El Presidente la apura en extraordinarias. Cualquier ancla se resbala esquiva cuando gobierna la improvisación.
Ocurre además que a Guzmán también le han arrebatado de manera inesperada el único anclaje que compartía como cierto con el resto del país político. Se sumó a la incertidumbre general la fecha de las elecciones, la variable política central. Todos los oficialismos -desde la Casa Rosada hasta la más pequeña intendencia- le huyen a la fecha de abrir las urnas.
Quien más teme a ese momento –en términos de su proyecto político, pero también de su libertad personal– es Cristina Kirchner. Mandó a presionar por la inmediata sanción de una amnistía.
