Las recientes modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional al Registro del Automotor generarán un impacto desigual en el país. Si bien parecen simplificar los trámites, los efectos reales pueden ser contraproducentes para los usuarios finales, al beneficiar sobre todo a los concesionarios y generar nuevos desafíos burocráticos y legales.
Las resoluciones 272/2024 y 142/2024 del Ministerio de Justicia buscan facilitar la inscripción de vehículos, permitiendo que el comprador elija el registro seccional, a la vez que se elimina la obligación de pagar impuestos provinciales y municipales en la sede del registro.
En principio, la iniciativa apunta a simplificar el proceso y a ampliar las opciones para los usuarios. Sin embargo, esto plantea un interrogante fundamental: ¿quién elige realmente el registro?
En la práctica, es el concesionario el que decide en la mayoría de los casos, lo cual podría acarrear problemas legales y tributarios para el comprador.
Un sistema preparado, pero con límites
A más de un mes de la entrada en vigencia de estas modificaciones, el sistema registral ha mostrado capacidad de adaptación, a pesar de problemas como la falta de chapas patentes. Sin embargo, este desempeño no parece sostenible en el tiempo, dado el cambio que esta nueva regla de registración implica.
Esto porque la mayoría de las inscripciones iniciales son gestionadas por concesionarios en grandes ciudades, y es razonable pensar que inscribirán los vehículos allí. Mientras tanto, los registros seccionales en localidades pequeñas juegan un papel esencial, ya que ofrecen asesoramiento y facilitan trámites en comunidades que, muchas veces, no tienen acceso a internet o a la tecnología necesaria para completar una transferencia en línea.
La digitalización, aunque valiosa, no resuelve los problemas de accesibilidad. En muchas regiones del interior, la conectividad es limitada y no todos los usuarios poseen las habilidades para realizar estos trámites digitalmente, lo que puede dejar a una parte de la población excluida de un servicio fundamental.
Riesgos para los usuarios
La eliminación del pago obligatorio de tributos en los registros es quizá el cambio más preocupante. Antes, los usuarios tenían la posibilidad de cumplir con los pagos de impuestos en un solo lugar, lo cual les simplificaba muchísimo las cosas y reducía la posibilidad de cometer errores.
Ahora, al tener que peregrinar por las oficinas de Rentas provinciales y municipales, aumentará el riesgo de incumplimientos, multas e intereses.
Las jurisdicciones no dejarán de cobrar estos tributos y, con la información de los registros, iniciarán ejecuciones contra quienes no cumplan. El resultado será un mercado automotor usado con deudas acumuladas y vehículos fuera de regla.
La medida también afecta la distribución geográfica de los registros. En localidades pequeñas, la reducción de trámites podría llevar al cierre de oficinas por falta de actividad, lo que dificultaría el acceso a los servicios registrales para los habitantes de estas zonas.
En las grandes ciudades, la situación podría volverse insostenible por el aumento de la demanda, lo que haría colapsar los registros y extendería los plazos de inscripción.
Propuestas para un sistema mejor
Es posible avanzar en la digitalización del sistema sin sacrificar la eficiencia ni la equidad territorial. Para ello, se podría mantener la opción voluntaria de pagar los impuestos en la sede del registro, lo cual ofrecería a los usuarios la posibilidad de utilizar una ventanilla única.
Asimismo, sería conveniente llamar a concurso para cubrir registros vacantes y abrir nuevas unidades en grandes ciudades, mejorando así la distribución de los servicios. Esto no generará mayores costos, ya que se realiza con fondos provenientes de los trámites.
El funcionamiento de los registros no le cuesta un peso al Estado nacional (nunca le costó), se sustenta exclusivamente con los aportes de quienes requieren un trámite y sólo se abona por ese trámite en particular.
Las recientes medidas no deben ser vistas como la solución definitiva. Es importante aprender de esta experiencia para hacer ajustes que protejan a los usuarios y garanticen la continuidad del sistema registral en todo el país.
Mantener un equilibrio entre la digitalización y la presencialidad es clave para evitar una regresión hacia un mercado automotor menos seguro y con mayor informalidad.
* Abogado; delegado Zona Norte de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor
