Sin fecha de elecciones todavía, pero ya en campaña, la calle habrá hablado antes de que Alberto Fernández le presente mañana su agenda anual al Parlamento.
La creciente oposición al Gobierno ya habrá dicho lo suyo a través del banderazo que protestó por la vacunación de privilegio. El oficialismo se expresará a la defensiva, con una marcha convocada para rodear las puertas del Congreso.
Todos los borradores que le acercaban al Presidente para su nuevo mensaje a la Asamblea Legislativa caducaron en la semana negra que el Gobierno se regaló a sí mismo con la posta de pinchazos informales montada en el ministerio de la pandemia. La ola social de repudio destrozó las intenciones del oficialismo: exhibir ante el pleno del Congreso los primeros avances en el plan de vacunación; iniciar el año político con la gestión sanitaria como bandera.
Nadie en el Gobierno tiene en claro qué agenda proponerle ahora al país político. El Congreso tampoco tiene demasiadas expectativas sobre eso. Por la pandemia, funcionó a los tumbos el año pasado. Por el vacío habitual que provocan las elecciones, este año tampoco planea mejorar ese rendimiento.
Tiene, de todos modos, un tema que no puede eludir: cambiar o mantener las reglas de juego del régimen electoral. Las últimas encuestas atormentan a la Casa Rosada. Quienes votaron a Macri hace dos años aparecen hoy más convencidos de su decisión. Los desencantados de entonces se anotan otra vez frustrados, pero con lo que vino después. Y muchos de quienes votaron a Alberto Fernández tampoco ocultan su desilusión.
Si las urnas se abrieran hoy, el oficialismo sólo tendría chances en el escenario de una amplia dispersión del voto castigo.
Esa realidad es la que obligó al oficialismo a lanzar como un globo de ensayo una eventual suspensión de las primarias abiertas. Para eso, no tiene los votos suficientes en el Congreso. Pero podría alcanzarlos para aprobar una postergación. Los plazos del cronograma electoral vigente están corriendo. Si quiere cambiarlos, Alberto Fernández corre contrarreloj.
Cristina Kirchner le hizo saber por todos los medios que espera un mensaje contundente sobre otro ámbito de gestión. El único que la obsesiona: la relación con el Poder Judicial. Antes de la crisis de las vacunas de privilegio, Alberto Fernández pensaba insistir ante la Asamblea Legislativa con la reforma del Poder Judicial y de la jefatura de los fiscales federales. Luego se sumó la presión por el fallo reciente que condenó a Lázaro Báez y puso a la vicepresidenta en el umbral de nuevas complicaciones.
El Presidente tampoco llegará al Congreso con novedades firmes sobre otro de los temas centrales que lo afligen: la negociación con el FMI. En el Instituto Patria, festejaron las noticias de una auditoría de los préstamos a la gestión Macri. Nada de eso implica un avance que le permita a Alberto Fernández anunciar con seguridad, mañana, lo que esperaba anunciar: la firma de un acuerdo antes de mayo.
El oficialismo puede decir que se ha mantenido unido pese a estas dificultades. Es una verdad a medias. En los tres ámbitos más complejos de gestión, los desacuerdos han sido estridentes. Un ejemplo, sólo de muestra: en plena emergencia sanitaria, Carla Vizzotti apenas disimuló sus diferencias con el despedido Ginés González García. En la cartera de Justicia, Juan Mena se asumió como comisario político de su superior, la ministra Marcela Losardo. En Economía, la secretaria de Comercio, Paula Español, persigue con sanciones a los empresarios que elogian a su jefe, el ministro Martín Guzmán.
Mientras, la oposición tampoco muestra en el Congreso los trazos de su agenda alternativa. Cuando surgió el rumor de la suspensión de las Paso, respondió con un reclamo a favor de la boleta única. Los referentes de Cambiemos se propusieron mantener la unidad de sus bloques. Lo consiguieron, a costa de dos resignaciones: la identidad difusa de su agenda parlamentaria y el abandono de cualquier intento de articular con votos lábiles del peronismo algún proyecto en común, de nítido perfil alternativo.
A la oposición, el mejor trabajo se lo ha venido haciendo el Gobierno con una gestión mediocre y lenta, marcada por el tono gris y casi siempre contradictorio que le imprimió Alberto Fernández a cada acción de gobierno. Algunos, como Patricia Bullrich o Miguel Pichetto, crecieron en la consideración pública por la persistencia y el acierto en señalar esos defectos. Otros optaron por un perfil de mayor moderación y ahora están forzados a ofrecer definiciones. Es el caso de María Eugenia Vidal, cuya prescindencia en el debate público pone en riesgo el dominio que aún tiene en el Senado bonaerense.
En el radicalismo, en tanto, imaginan un refuerzo de volumen político en la Cámara Alta nacional si Mario Negri y Alfredo Cornejo llegan a fin de año para acompañar a Martín Lousteau.
Los principales partidos políticos venían trabajando desde enero en la puesta a punto de sus estructuras. Cristina y los gobernadores, en el peronismo. Macri y Horacio Rodríguez Larreta, en el PRO. Enrique Nosiglia y otros referentes, en el radicalismo. Hasta que la calle indignada les apuró el trámite. Sin salud ni economía, no hay vida.
