La Justicia provincial sufrió hace unas semanas un ataque informático que obligó al Tribunal Superior a tomar medidas urgentes. Entre ellas, declarar varios días inhábiles para el cumplimiento de los plazos procesales, de manera tal de dar tiempo para recuperar el control. Mientras se trabaja para evitar que el virus se propague y recuperar la información, se tuvo que improvisar modalidades de trabajo que prescindieran del uso de los sistemas.
No se trata de un hecho aislado, sino que la posibilidad de que delincuentes informáticos ataquen los sistemas con el objetivo de acceder a información, alterar contenidos o bloquear su funcionamiento está siempre latente. En este sentido, la preocupación de que entre en riesgo la seguridad jurídica es justificada. Máxime cuando situaciones similares a las del Poder Judicial de Córdoba se registraron en otras organizaciones públicas y privadas (Senado de la Nación, Osde, Movypark, Caminos de las Sierras, AGD, la aplicación Mi Argentina y del DNI Digital, y un largo etcétera).
Los ataques cibernéticos han aumentado en frecuencia y en ingenio. El bajo costo y el riesgo mínimo que conlleva la realización de estos delitos han sido factores claves en su crecimiento. Con el simple uso de una computadora y acceso a internet, los ciberdelincuentes pueden causar daños enormes, mientras permanecen relativamente anónimos. El crimen en línea ya supone, aproximadamente, la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo.
La calidad de la gestión
Ante estas evidencias, sube la intensidad de las voces críticas contra la digitalización y la despapelización, y la reivindicación de los procedimientos antiguos. Por eso, además de afrontar las urgencias que plantea la crisis, es fundamental volver a insistir en que las actitudes refractarias con la tecnología sólo se sostienen desde la ignorancia o los intereses espurios. Sobre todo porque no transitamos una moda, sino un cambio de era producido por una revolución.
Así como dejar de usar electricidad no es una alternativa sensata para evitar riesgos de incendio en los edificios, volver a los métodos tradicionales basados en papel no es una medida eficaz para prevenir delitos informáticos.
El uso de la tecnología hace a la supervivencia de las organizaciones. No se trata de una opción, sino de un camino que necesariamente hay que abordar por estrictas razones de eficiencia, agilidad y transparencia. A estos argumentos referidos a la calidad de la gestión hay que agregar el impacto ambiental positivo que se puede lograr gracias al uso de la tecnología.
Por eso, la crisis que sufre el Poder Judicial de Córdoba, además de motorizar las medidas urgentes para normalizar el servicio, es la oportunidad para poner como prioridad la profundización del proceso de modernización. Lo urgente es superar la tormenta, pero lo prioritario es capitalizar esta traumática experiencia en pos de generar las condiciones para ofrecer un mejor servicio de justicia, intensificando el uso de las herramientas tecnológicas. Superada la emergencia, abordar con serenidad y apoyados en experiencias exitosas del resto del mundo, un salto en la incorporación de tecnología en la gestión pública.
Para que la crisis sea aprovechada para mejorar el servicio, es imprescindible tomar decisiones que sean consistentes con poner como prioridad la modificación de los procesos y la incorporación de tecnología en la gestión pública. Esto requiere una estrategia integral y mucha perseverancia para su sostenimiento en el tiempo. Por ejemplo, en materia presupuestaria, la inversión en tecnología no tiene que seguir siendo un rubro marginal.
Para ello, en el ámbito del Poder Judicial un cambio muy simbólico sería que a partir del año próximo lo que se recaude en tasa de justicia sea destinado prioritariamente a tecnología. Sería dar una señal de que mucho más importante que invertir en lo edilicio, es invertir en tecnología. También sería muy sugerente que se explicite un plan para revisar procesos, incluyendo cambios de leyes de procedimiento.
La modernización no es seguir haciendo lo mismo, pero con herramientas digitales, sino replantear de manera integral cómo se viene trabajando, para buscar la manera más eficiente de hacerlo, aprovechado al máximo las herramientas digitales. En este listado no taxativo de acciones, no se puede dejar de mencionar que es fundamental asumir que la Justicia tiene que contar con más herramientas para investigar y penalizar los ciberdelitos, relativamente recientes, pero que crecen de forma exponencial.
* Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de Municipalidad de Córdoba
