Escudo Seguros, Orbis y Boston son empresas liquidadas en menos de tres años. Dejaron cientos de miles de damnificados, y la Justicia, como otras veces, llegó tarde.
Desde 2022, el sistema de seguros argentino ha sido escenario de una serie de colapsos empresariales que, vistos en conjunto, plantean una inquietante hipótesis: ¿se trató de quiebras por mala administración o de un entramado organizado para defraudar a asegurados, a proveedores y al propio Estado?
Las liquidaciones sucesivas de Escudo, de Orbis y de Boston dejaron un tendal de víctimas: vehículos sin cobertura, talleres abandonados y miles de reclamos impagos.
En el centro de la escena, aparece un nombre: Grupo Campici.
El grupo empresarial liderado por Darío Campici fue dueño de Escudo Seguros, intervenida y liquidada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en 2022. Las razones: falta de respaldo técnico, deudas millonarias y retención indebida de primas.
Lejos de retirarse del sector, el grupo adquirió TPC Seguros y repitió el patrón de pasivos sin cobertura y balances dudosos. Pero el caso más insólito llegó después: la compra de Boston Seguros, una compañía con más de 100 años de trayectoria en el mercado. En abril de 2024, la SSN también decidió liquidar Boston, por los mismos motivos que a Escudo.
¿Ante un esquema piramidal?
El modus operandi de esas compañías era el de falta de reaseguros obligatorios y una estructura administrativa que priorizaba captar nuevas primas para pagar deudas anteriores. Un circuito que, en la práctica, reproduce el modelo de una estafa piramidal: mientras entren nuevos clientes, se paga; cuando se frena el ingreso, todo colapsa.
¿La diferencia? Acá no hay rendimientos financieros prometidos, como en un Ponzi clásico, sino un producto legal –el seguro– que termina siendo ficticio. Un contrato sin respaldo.
La Justicia, el elefante dormido
Pese a las múltiples denuncias presentadas, la Justicia argentina no ha avanzado de manera significativa. Hasta hoy, no hay detenciones, no hay inhibiciones patrimoniales relevantes ni fallos ejemplares. Las causas avanzan con lentitud, mientras los responsables siguen libres y, en algunos casos, activos en el mundo empresarial.
¿Por qué la Justicia no reacciona? ¿Cuántas víctimas hacen falta para que un fiscal impulse una investigación por asociación ilícita o lavado de activos?
Algunas perlitas del sistema judicial cordobés
En 23 años como abogado especializado en accidentes de tránsito en Córdoba, he presenciado y sufrido de primera mano cómo la Justicia viró de su rol de garante de derechos al de escudera de aseguradoras poderosas.
Caso 1: jueza defensora. En un juicio por daños, una jueza cordobesa rechazó el reclamo por la reparación de un vehículo con el argumento de que no se había discriminado el precio “pieza por pieza”. Sin embargo, constaban en el expediente: un oficio judicial de la empresa que realizó el arreglo ratificaba que el monto era exacto. Un peritaje oficial mecánico que validaba la totalidad del reclamo. Y la propia aseguradora, Integrity, no impugnó el peritaje. A pesar de todo eso, la jueza falló a favor de la aseguradora, salvaguardando su patrimonio de un modo más entusiasta que la propia defensa legal de la empresa. ¿Justicia imparcial o un Poder Judicial funcional a los grandes actores económicos?
Caso 2: “Hay seguro, no hay embargo”. En otro expediente, un juez me negó la traba de un embargo sobre una cuenta bancaria bajo el argumento de que existía un seguro de responsabilidad civil vigente. ¿La compañía? Liderar Seguros, una empresa en grave situación financiera. Jamás, en más de dos décadas de profesión, se me había rechazado un embargo por esa razón. ¿Cómo es posible que el hecho de tener una póliza con una aseguradora prácticamente insolvente sea suficiente para negar medidas cautelares a favor de la víctima?
¿Otro Campici en marcha? Si lo de Escudo, TPC y Boston Seguros puede verse como un esquema fraudulento tolerado por el sistema, lo de Liderar es directamente una parodia grotesca de control estatal y judicial. Su dueño, Alfredo Ortolano, parece seguir los pasos del clan Campici. En este momento, es prácticamente imposible embargar un peso a Liderar, no porque no haya fondos, sino porque la empresa no tiene cuentas bancarias embargables. ¿Puede una aseguradora operar en la Argentina sin cuentas bancarias operativas? ¿Cómo liquida siniestros? ¿Dónde deposita las primas que recibe de sus asegurados? La respuesta es tan brutal como ilegal: según fuentes del mercado, Liderar ordenó a sus productores cobrar las primas exclusivamente en efectivo. Un sistema paralelo, opaco, y sumamente riesgoso. Sin embargo, la SSN no avanza con medidas decisivas y la Justicia permanece impasible.
¿Un sistema sin castigos?
El sistema asegurador debería ser un espacio de confianza. Pero cuando el Estado no regula a tiempo, y cuando la Justicia no actúa con firmeza, lo que era un mecanismo de previsión se transforma en un arma de destrucción financiera para quienes menos tienen.
¿Qué mensaje se transmite cuando una misma persona puede fundir tres aseguradoras en pocos años sin enfrentar consecuencias penales?
Las preguntas siguen en el aire: ¿quién se quedó con el dinero de los asegurados? ¿Por qué nadie paga por la estafa? ¿Hasta cuándo la Justicia va a mirar para otro lado? Mientras tanto, los damnificados acumulan expedientes. Y los responsables, impunidad.
- Abogado, especialista en accidentes de tránsito
