Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando. Las familias no pueden seguir implorando por derechos ya consagrados. Los prestadores de servicios no pueden seguir endeudándose para sostener lo que el Estado debería garantizar.
Argentina atraviesa una emergencia humanitaria disfrazada de ajuste técnico. El Gobierno nacional, en su afán de sostener un superávit a cualquier precio, ha elegido retirarse del lugar más sagrado que tiene un Estado: el de la protección de los más vulnerables.
En estos días, miles de familias han salido a las calles. Lo hacen con la dignidad que sólo conocen quienes luchan día a día contra la indiferencia y el abandono. Lo hacen para que sus hijos no queden sin terapias; para que los hogares no cierren; para que la discapacidad no se convierta en una condena social.
Lo hacen, además, porque han sido agraviadas, burladas y maltratadas por funcionarios que jamás debieron ocupar los cargos que ostentan.
Crueldad institucional
Las palabras del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, cuando afirmó que un hijo con discapacidad “es problema de la familia, no del Estado”, constituyen un acto de crueldad institucional. Son, además, la confesión más despiadada de un modelo que pretende excluir, revictimizar y silenciar.
El presidente Javier Milei, lejos de pedir disculpas o reparar el daño, decidió hostigar públicamente a un niño con autismo. Un Presidente que ataca a un menor por reclamar sus derechos ha perdido el rumbo ético, político y humano. Desde Córdoba, no podemos callar ante semejante atropello.
La Ley de Emergencia en Discapacidad que se debatirá en el Congreso es una herramienta urgente, concreta y reparadora. Rechazarla o vetarla sería condenar a cientos de miles de argentinos a una marginalidad sin retorno.
Como legislador provincial y como ciudadano, me pongo del lado de esas familias. Del lado del amor que no se rinde. Del lado de quienes no bajan los brazos, aunque el Estado los haya soltado.
No hay patria posible si se les da la espalda a quienes más la necesitan. Y no hay reforma económica que valga si se construye sobre el sufrimiento de un niño.
El Estado no es un negocio. La discapacidad no es un gasto. Y la dignidad no es negociable.
* Legislador provincial del bloque Hacemos Unidos por Córdoba
