El oficialismo se apresta a dar otro paso en desmedro de los intereses y derechos de los cordobeses. En el caso se trata de la eliminación de la audiencia pública como instancia previa y necesaria a la modificación de las tarifas de los servicios públicos.
Alegando razones de orden práctico y procurando la ejecutividad en el procedimiento de ajuste de las tarifas, están decididos a darle partida de defunción a un instituto de raigambre constitucional cuyo sentido y finalidad no es otro que garantizar el derecho a ser oído por parte de los usuarios antes de que se haga efectiva una decisión que los tiene como destinatarios directos, como lo es la determinación de las tarifas de los servicios públicos, que, como tales, son esenciales para el normal desarrollo de cualquier ciudadano en un Estado democrático moderno.
El derecho a ser oídos
El directorio del Ersep ha convocado a una audiencia pública, paradójicamente, para dejar sin efecto las audiencias públicas. Se pretende aprobar un procedimiento de ajuste automático de las tarifas tomando como referencia y límite el índice de inflación mensual, relegando la audiencia pública a una instancia ex post en el marco de la cual se controlaría la correcta aplicación de los índices en los cuadros tarifarios respectivos. Lisa y llanamente, la anulación del derecho a ser oídos por parte de los usuarios.
Sin eufemismos, así lo reconoce la propia decisión cuando expone: “(…) que la coyuntura económica del país hoy es atípica, con un ritmo de inflación creciente, y escapa de cualquier previsión de funcionamiento normal y regular de una actividad económica y social (…), debería estructurarse un procedimiento especial para la determinación de las tarifas adaptado a la circunstancia de una elevada inflación. En tal sentido, a los fines de compatibilizar la sostenibilidad de los servicios públicos regulados por este Ersep, con la dinámica de ajustes y los tiempos lógicos de procedimientos administrativos, se propone un mecanismo más ágil para disminuir el plazo entre el momento de revisión por aumento en los costos de las distintas prestadoras y su correspondiente reconocimiento en los ingresos”.
Cabe apuntar que este mecanismo ya lo aplica el Ersep –con disidencia sistemática del suscripto– en el ajuste de la tarifa de Epec, más precisamente para determinar el impacto de la inflación en el valor agregado de distribución (VAD) y su correlativa incidencia en la tarifa del servicio de energía.
En Córdoba se aumenta la tarifa de la luz de modo automático cada tres meses. Ahora será de manera mensual y en todos los servicios públicos que están bajo la jurisdicción del Ente Regulador de Servicios Públicos: agua, transporte interurbano y peajes, por citar los más importantes.
No es una formalidad
La audiencia pública no es una mera formalidad, aun cuando su desvalorización institucional haya sido permanente en la toma de decisiones del Ersep. Por el contrario, su realización previa a la modificación de las tarifas de servicios públicos constituye un requisito de orden legal y constitucional que no puede ser obviado.
Dicho de otro modo, constituye la herramienta de participación eficaz y por ello su realización no sólo cumple un rol formal, sino que, primordialmente, configura la instancia material del debido proceso colectivo en la toma de decisiones con consecuencias generales.
La Corte Suprema ha sostenido que: “(…) –específicamente en materia tarifaria– la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida, porque la Constitución garantiza la participación ciudadana previa en instancias públicas de discusión y debate, y ese aporte debe ser ponderado por el Poder Ejecutivo cuando fija el precio del servicio”.
En el orden local, la propia ley 8.835, conocida como “Carta del Ciudadano”, que, entre otras disposiciones, creó el Ente Regulador de Servicios Públicos, en su artículo 20, expresamente, establece: “La autoridad regulatoria podrá realizar audiencias públicas y convocar a los usuarios en general o sólo a algún sector de ellos (…). Cuando el informe o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su implementación, la autoridad regulatoria deberá convocar, en forma obligatoria, a la audiencia pública prevista en el presente artículo”. (…)
Ahora bien, no puedo soslayar que el contexto inflacionario nos obliga a modificar y adaptar conductas y procedimientos, pero ello no justifica llevarse puestos institutos que hacen a la propia condición de república de nuestro sistema de organización institucional. El pragmatismo tiene un límite en la ley y la Constitución. El desafío es imaginar mecanismos alternativos que permitan compatibilizar los intereses en juego sin menoscabo de la parte más débil de la relación de consumo, que es el propio usuario, cuya capacidad de pago está agotada como consecuencia de las erráticas políticas económicas que han convertido un país rico en un país pobre.
La audiencia pública es el último vestigio de una relación jurídica entre prestatarias de servicios públicos y usuarios que permite legitimar las decisiones en materia de tarifas en una provincia que ha sido impiadosa a la hora de los ajustes. Córdoba tiene las tarifas más caras del país, y ahora se prepara para enmudecer a los usuarios.
No huelga recordar que la Corte Suprema en el antecedente antes citado declaró la nulidad del aumento de la tarifa del servicio de gas por haberse omitido la instancia de la audiencia pública previa. Los atajos y el apuro no son garantía de eficacia. “Vísteme despacio que tengo prisa”, habría dicho Napoleón.
El camino no es gobernar de espalda a la gente. En todo caso, si las audiencias públicas se han convertido en instancias fútiles y estériles, la solución no es eliminarlas, sino empoderarlas para devolverles a los usuarios el espacio de participación que les corresponde.
* Vocal del Ersep por la UCR
