Argentina vive circunstancias críticas, por decisiones heredadas tras décadas de desaciertos: gran pobreza, altos niveles de inmoralidad, corrupción generalizada y carencia de patriotismo. La oportunidad actual es quizá la última que tenemos los argentinos de reencauzar la política y, a través de ella, la economía.
Sugiero, por ello, una legislación que contribuya a un mayor control ciudadano de la asignación de los recursos y de gastos innecesarios. Gastos que incrementan el déficit fiscal y que llevan a los gobiernos a recurrir a prácticas generadoras de inflación y, en consecuencia, de pobreza: emitir dinero sin respaldo, incrementar la presión impositiva –lo que nos aleja de la imprescindible inversión– o tomar préstamos, en el país o en el exterior, que tanto nos comprometen.
En concreto, propongo crear un sistema de información de todos los actos de gobierno, como el que existe en sociedades más desarrolladas, a través de un sitio en internet al cual puedan acceder todas las personas que necesiten o simplemente quieran enterarse, de forma sencilla y gratuita, de en qué y cómo se aplican los fondos públicos. Desde la licitación de una gran obra pública a la compra de útiles y enseres en una pequeña oficina estatal.
En Córdoba (capital y provincia) hubo avances en este sentido, pero estos deben mantenerse en el tiempo y no depender de funcionarios de turno.
Habrá que tipificar qué rubros deberían publicarse, por materia, por instituciones, por montos, por regiones, a fin de aportar la máxima transparencia a las resoluciones de gobierno, sean de la Nación, de las provincias, los municipios, instituciones descentralizadas, fideicomisos oficiales, agencias del Estado, etcétera. Y deberá preverse la obligación legal de subir la información al sitio, por parte de los responsables de cada área, fijando un plazo perentorio para tal fin.
La tecnología permite mostrar no sólo el monto invertido y la persona o empresa beneficiaria, sino acceder también a la factura detallada y otros aspectos que permitan el cruce de información. Es decir, la información debe presentarse en forma oportuna, clara fácil de entender, objetiva, relevante y útil.
Publicidad y propaganda
El sistema propuesto no sustituye, sino que complementa y perfecciona la publicidad de los actos de gobiernos por otros mecanismos, como lo exige un sistema republicano de gobierno. La que se realiza a través de los medios de prensa –suspendida por la actual administración nacional por el término de un año– es una herramienta idónea para difundir campañas de alcance masivo, como calendarios de vacunación, lucha contra el dengue y otras plagas, cronogramas de pagos, licitaciones, llamados a concurso, etcétera.
A nivel internacional, se han definido estándares para garantizar que la distribución de la publicidad oficial no sea arbitraria y discriminatoria (es decir, que no sea un mecanismo de censura indirecta o de presión a medios críticos) y, como establece la reglamentación canadiense, que se cumpla con los principios de “satisfacer las necesidades informativas de la población” e informar al público respetando “la libertad, el pluralismo, la seguridad, la sinceridad y el respeto”.
Asimismo, se establece que no se utilice la publicidad estatal para destacar logros de gestión o promover la figura de los gobernantes. Para hacer propaganda de sus propuestas tienen los políticos la oportunidad de desarrollar sus ideas en las campañas previas a los comicios, las que ya gozan de apoyos económicos por parte del Estado. Durante la gestión, la publicidad de su accionar debe surgir de la presentación transparente de sus actos.
El estudio previo a la presentación del proyecto de ley que se plantea deberá contar con la intervención de profesionales idóneos para determinar si constitucionalmente es factible, cuáles son los actos y las decisiones por subir al sitio en internet, y quiénes serían los responsables, además de la categorización de las penas, conforme la legislación administrativa o penal vigente.
Sabemos que habrá resistencia, como existe actualmente frente a otros cambios que se pretenden introducir para corregir errores, injusticias, impericias o prebendas. Pero habrá que seguir insistiendo, si se pretende reencauzar el país y exterminar la indigencia y la pobreza, generar empleos, mejorar salarios, incrementar la producción y devolver a nuestros jubilados lo que les corresponde.
* Contador público; licenciado en Ciencias Económicas; exprofesor adjunto en la Universidad Nacional de Córdoba
