En medio de las discusiones por la prórroga del Presupuesto 2025, y tras un año caracterizado por recortes en el gasto público y en las transferencias a las provincias, queda pendiente el análisis sobre la distribución de funciones y recursos entre los distintos niveles de gobierno. Debate que no sólo tiene implicancias fiscales, sino que afecta la provisión de servicios públicos fundamentales.
La organización de estas competencias tiene sus bases en la Constitución Nacional, que delimita claramente las competencias de Nación y reserva a las provincias el resto, como la educación básica y media, la salud pública, la asistencia social y el desarrollo urbano.
Pero bajo el argumento de que las provincias carecían de recursos o capacidad técnica, la Nación comenzó a intervenir en estas áreas.
Con el tiempo, esta superposición de funciones pasó a representar una importante fuente de gasto que suele ser ignorada y que adopta gran relevancia a la hora de buscar el equilibrio fiscal. Un análisis del Presupuesto 2024 permite dimensionarlo.
El verdadero costo de la superposición
En 2024, el gasto total devengado por el sector público nacional, sin considerar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ni los servicios de la deuda, ascendió a 18 mil millones de pesos. De este monto, el 80% correspondió a funciones propias de la Nación, mientras que el 20% restante se destinó a financiar funciones provinciales, lo que equivale a $ 3.600 millones. Ese dinero fue, por ejemplo, a asistencia social (38%), salud (35%), transporte intraprovincial (7%) y vivienda y urbanismo (3%), entre otros.
Entre las principales consecuencias de esta intervención, podemos mencionar que aumenta la burocracia y genera duplicación de estructuras administrativas, lo que termina encareciendo la provisión de servicios y reduciendo su eficiencia. En segundo lugar, esta dinámica debilita la rendición de cuentas ante los ciudadanos, ya que diluye las responsabilidades de las gestiones provinciales respecto de funciones que les son propias.
Los beneficios del ordenamiento
La organización clara de competencias entre la Nación y las provincias no sólo responde a un mandato constitucional, sino que constituye una oportunidad estratégica para construir un Estado más eficiente y sostenible. Mientras las provincias tienen la capacidad de responder con mayor precisión a las necesidades locales en áreas claves como salud, seguridad y asistencia social, la Nación puede desempeñar un rol fundamental al garantizar la coordinación general y proveer herramientas de monitoreo que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.
Avanzar hacia un sistema más ordenado no se limita a corregir el solapamiento de funciones. Implica también un compromiso conjunto con las provincias para fortalecer su autonomía, asignando potestades tributarias y responsabilidades claras.
Para ello, se necesita un acuerdo de coordinación fiscal entre los distintos niveles de gobierno. Las decisiones unilaterales de recortar fondos provinciales llevan al riesgo de que los gobiernos locales adopten medidas contraproducentes, como el incremento de impuestos muy perjudiciales, como Ingresos Brutos o las tasas municipales.
