A pocos días de que el cuarteto fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, pasó a ser material de enseñanza obligatoria para todas las escuelas del sistema educativo de Córdoba.
Es la última de una serie de manifestaciones oficiales relacionadas con el “ser cordobés” sucedidas en el último año, como un reciente spot de la Policía Caminera en el que se insta a cumplir las reglas a través de un agente que habla con mucha tonada, en el que los “criollitos” son el elemento local distintivo por el que pregunta un turista, y donde el representante de la autoridad refuerza el uso de las expresiones “qué hacé, pa!”, y el “Y sí, hijo!”.
Hace casi un año, la agencia Córdoba Turismo utilizó un ploteo con la palabra “Culiao” para promocionar a la provincia como destino de visita.
Todas estas acciones que despertaron polémica tienen un punto en común: se inscriben en una estrategia que intenta construir la identidad a partir de lo popular, sin preguntarse demasiado qué es lo popular ni si la masividad es un argumento imbatible para establecer nuestras particularidades.
Ya no se trata de cuarteto sí o no, ni de analizar el habla para definir cuánto forma parte del acervo cordobés el “qué hacé, pa!”, ni de establecer si el criollito es lo primero en lo que piensa un turista sobre Córdoba; pero no porque no deban existir estos debates, sino porque el Gobierno los omite.
Lo del cuarteto en las escuelas es simbólico: se estableció por decreto. No se analizó de manera profunda con especialistas en educación ni con cantantes o autores, no se convocó a profes de música ni –mucho menos– se debatió en la Legislatura. Lo ordenó el decreto 257, tras su publicación en el Boletín Oficial.
Son acciones que despiertan polémica, pero no porque haya cordobeses a favor y en contra, sino porque las imposiciones –culturales, en este caso– tienden a abrir grietas, en lugar de acercar posiciones.
Es lo que pasa cuando la política trata de definir la identidad de un pueblo. Primero, porque la política generaliza y uniforma, incapaz de entender que somos una multiplicidad de identidades. Segundo, porque conceptos como “cordobesismo” buscan distinguir a un grupo del resto, estar siempre del otro lado de algo o alguien (Buenos Aires, los porteños), mirar con doble vara (el ajuste nacional se critica, pero el propio se disfraza y acepta), y simplificar las expresiones culturales, en lugar de ponerlas en discusión.
Por supuesto, no es que la política sea incapaz de hacer otra cosa. El problema es cuando quienes la ejercen la utilizan como una herramienta de supervivencia para intereses propios.
Miremos, en cambio, un gran ejemplo: la generación de la Reforma de 1918, un movimiento político que buscó democratizar la universidad, que marcó el surgimiento de una nueva conciencia en la cultura y en la política argentina, y que se extendió a todo el continente.
Por si hubiera que recordarlo, fue un movimiento que nació en Córdoba, esa Córdoba emblema de la educación superior, tema ausente en los spots publicitarios oficiales que supuestamente apelan a la esencia local.
Otro punto en común: la asociación de este tipo de campañas publicitarias identitarias con el nombre de un gobernador –en este caso, Martín Llaryora– ya sea pegado en los carteles, inscripto al final del video o estampado en la firma del decreto.
La construcción del cordobesismo –y además, alrededor de un “líder”– simboliza, más que la historia de Córdoba, la del peronismo cordobés. Ese peronismo sin convicciones ideológicas profundas, que sabe adaptarse a todo lo que le permita mantener lo obtenido hace más de 25 años. Si la ola es K, allá vamos. Si es macrista, vamos con Macri. Si la gente quiere a Milei, apoyemos a Milei. Aunque ayer lo hayamos defenestrado.
El problema es que esa concepción de poder no es tan fácil de extrapolar a la cultura, que tiene ritmos y tiempos propios, que trascienden a lo que se intenta instaurar como “oficial”.
La historia tiene mucho para enseñar sobre eso.
