En 1983, el conjunto de la sociedad argentina, con el liderazgo del presidente Raúl Alfonsín, decidió consolidar un sistema de democracia liberal con instituciones sólidas, que dejaran atrás, de una vez y para siempre, una historia de golpes de Estado y gobiernos civiles débiles y de corta duración.
Fue el momento en que una amplísima mayoría de argentinos asumió que los problemas en el seno de la sociedad deberían resolverse en el marco de la Constitución y dentro de los mecanismos del Estado de derecho, dejando atrás la violencia, fuere desde el Estado o por parte de grupos sectarios, para la resolución de conflictos.
Un momento icónico en este sentido, y de gran valor simbólico, se produjo cuando estaban detenidos simultáneamente los comandantes de las Juntas Militares del llamado “proceso de reorganización nacional”; Mario Firmenich, como jefe de Montoneros, y José López Rega, organizador del tenebroso grupo parapolicial conocido como “la Triple A“ (por Alianza Anticomunista Argentina), bajo la última presidencia del general Juan Perón. Si pudiera elegir un momento histórico representativo de la convicción democrática de los argentinos, creo que optaría por ese.
La explosión de las palabras “Nunca Más” que resonaron en la boca del fiscal Juan Carlos Strassera e invadieron la sala donde se juzgaba a los responsables de la última dictadura se expandió por todos los rincones de la República, expresando la conciencia y la voluntad de los argentinos de que nunca más alguien, con o sin uniforme, con un arma en la mano, se arrogara el derecho de decidir nuestro futuro.
Estos 40 años de democracia marcaron la desaparición de la corporación militar como un factor de poder que pudiera marcar el rumbo institucional del país. Queda aún como deuda desarrollar unas sólidas y eficaces fuerzas armadas, profesionalizadas y bien equipadas, que actúen en el marco que la Constitución les asigna.
Cóctel explosivo
Ahora bien, en estos 40 años de democracia vemos un país cada vez más empobrecido, con una infraestructura paupérrima, e insignificante a nivel internacional e incluso regional.
Si extendemos la mirada hacia atrás, observamos que a partir de 1946 se formó una corporación gremial de sindicalistas pornográficamente enriquecidos; una corporación empresarial que vegeta a la sombra de un Estado sobreprotector que cierra la economía para que los amigos puedan hacer negocios sin competir, y una burocracia estatal a la que rara vez se ingresa por mérito.
Es un cóctel explosivo. Todas estas corporaciones, salvo la militar, se han mantenido intactas. A esto le agregamos, a partir de 1983, una corporación política, transversal a todos los partidos, que tampoco ha hecho ningún esfuerzo por elegir a los mejores, y entonces vemos en los parlamentos, junto a diputados y a senadores con gran formación e inteligencia, a personajes que no ameritarían para postularse como extras en una ópera bufa.
Como dijimos, de las corporaciones que dieron origen a este modelo de Estado, la única que salió de escena es la corporación militar. Las otras siguen intactas. Y por supuesto no tienen ningún interés en realizar un acuerdo programático de carácter económico-social que, mediante el equilibrio macroeconómico, la disciplina fiscal, una moneda sana y corrupción cero, logre un proceso de desarrollo económico sostenido. Y esto no es de derecha o de izquierda: es un modelo de crecimiento que permitiría, dentro del sistema institucional, dar los debates sobre las formas de inclusión y distribución.
La gran pulseada
En estos temas parece que la sociedad argentina está mostrando mayor madurez que su dirigencia. Está exigiendo transparencia plena; intolerancia total frente a la corrupción; un Estado ágil y eficiente formado por un funcionariado seleccionado por mérito y no por su participación en la última campaña electoral; que no se emita moneda sin respaldo; que se rinda cuenta de cada gasto hecho con el dinero público.
Parece que la gran mayoría de los argentinos han tomado conciencia de que a aquella democracia institucional lograda en 1983 debe agregársele la pata de lo que podemos llamar “la democracia fiscal”. Y la dirigencia no está a la altura. Se abroquela con las corporaciones empresariales, gremiales y políticas para que nada cambie.
Son enormes los intereses en juego, son décadas de beneficios espurios a costa del bienestar de los argentinos. Esta es, en el fondo, la gran pulseada que estamos presenciando. Nos hubiera gustado ver a los sectores progresistas de la sociedad levantar las banderas de la democracia fiscal como el complemento ineludible de la democracia institucional, para lograr una economía en crecimiento en el marco del Estado de derecho. Por ahora, eso no se vislumbra.
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