Cuando cargamos 100 litros de nafta en cualquier surtidor de nuestro país, 12 de esos litros en realidad no son combustible fósil derivado del petróleo. Esos 12 litros (bioetanol) son combustibles renovables producidos a partir de materias primas agropecuarias (maíz o caña de azúcar). Y cuatro de esos 12 litros son producidos en Córdoba a partir del maíz.
Producir esos 12 litros de bioetanol implica menos camiones dirigidos al puerto con materia prima sin valor agregado, más empleos en economías regionales sustentables, mayores inversiones privadas, menor contaminación ambiental e importantes beneficios para la salud de la población.
Algo similar sucede cuando cargamos diésel: 10 de cada 100 litros corresponden a biodiésel, producidos mayoritariamente a partir del aceite de soja.
La cadena de valor tanto del maíz como de la soja tiene al biocombustible como uno de los eslabones de una virtuosa economía circular, motor de una potente y pujante bioeconomía, que impulsa la producción de biomateriales y bioinsumos e incentiva la biotecnología y la bioeconomía del conocimiento.
Legislar para adelante
Con todo esto en mente, cuando hoy hablamos de biocombustibles hablamos de legislar para adelante; hablamos de profundizar esta experiencia adquirida en 15 años de vigencia de la actual ley 26.093 y desarrollar aún más esta alternativa para la transición y trasformación energética hacia economías más limpias y sustentables.
Sin embargo, a esta mirada de futuro se opone un sector de nuestra Cámara de Diputados de la Nación, que intenta legislar para atrás, pese a que unánimemente el Senado de la Nación votó en octubre la prórroga de la actual ley por cuatro años. Pese, también, a que en diciembre nuestro país presentó compromisos de un mayor uso de biocombustibles para el transporte en su Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
A pesar de su trascendencia como política pública, el proyecto presentado nunca fue debatido en instancias como el Consejo Federal de Energía, ni se convocó a las provincias productoras de biocombustibles para analizarlo. Es un proyecto de ley que supuestamente contaba con un amplio consenso, pero en la reunión de la Comisión de Energía quedó en evidencia que obtuvo un casi unánime rechazo por parte de todas las cámaras productoras de biocombustibles.
Sin evidencia
Algunas voces sostienen que al ser el maíz una commodity con precios en dólares, ese valor dolarizado se traslada al surtidor y así la nafta aumenta su precio. Estos argumentos han quedado sobradamente rebatidos por numerosos estudios.
De 2010 a 2021, las naftas en Argentina aumentaron un 2.709 por ciento, mientras que el bioetanol aumento 1.848%. Por lo cual no existe evidencia que demuestre que el incremento del bioetanol generó un impacto en el precio de la nafta, como sí lo hizo el denominado “barril criollo”.
Nuestra región, a la cual se perjudicaría con menor producción de bioetanol, paga además un 8% más cara la nafta Infinia y un 55% más caro el GNC que en la capital de nuestro país. Surge entonces la pregunta: ¿A quiénes perjudican los biocombustibles, para intentar legislar para atrás? ¿Por qué este ensañamiento? ¿No es suficiente con que el 25% de la recaudación del denominado impuesto a la riqueza (artículo 7.5 de la ley 27.605) tenga como destino YPF y Vaca Muerta?
Que quede claro que legislar para atrás implica también negar principios ambientales universalmente establecidos, como son los principios de progresividad y no-regresividad, que integran los pactos y acuerdos internacionales suscriptos por Argentina.
Pretender comercializar productos en un mundo globalizado que se compromete cada vez más con reducir la huella de carbono, y no respetar estos acuerdos internacionales es una locura que seguramente le saldrá caro a nuestro país.
Impacto en la salud
Como si todo esto fuese poco, está también demostrada la incidencia de los combustibles fósiles en la salud. Justamente en momentos en que el mundo vive una pandemia con fuerte base en problemas respiratorios, los combustibles fósiles con sus emanaciones de gases tóxicos y de material particulado inciden fuertemente sobre la salud de la población en enfermedades respiratorias como asma, Epoc, etcétera.
El maltrato al que están siendo sometidas estas economías regionales, la angustia de sus trabajadores y familias, no tiene ninguna razón de ser, ninguna racionalidad; no tiene argumentos. Son fuertes las sospechas de un poderoso lobby petrolero, de empresas contaminantes que no dan la cara, que tienen operadores influyentes.
Se está tratando de impulsar y votar una ley “entre gallos y medianoche”, negociando con la pistola en la cabeza del sector productivo y sin convocar a las provincias que deberían expresarse, ya que afecta de manera directa no sólo a nuestras economías regionales, sino también al ambiente (cuya competencia, según nuestra Constitución Nacional, es de las provincias) y al aire que respiramos.
Estamos convencidos de que debemos legislar para adelante y que en medio de esta agobiante pandemia, en medio de tanta crisis de salud, social y económica, no se puede generar innecesariamente más angustia. Ojalá la prórroga de estos escasos 60 días establecida por decreto presidencial 322/2021 permita superar estos desencuentros.
* Ministro de Servicios Públicos de la Provincia
