El fin de semana de Carnaval, nos enteramos del envío de fondos directos por parte de la Nación a unos 300 municipios de todo el país, de los cuales 35 serían de Córdoba. ¿Significa el reconocimiento de la autonomía municipal o esconde una estrategia puramente electoral? ¿O quizá están empezando a permear el rol clave de los gobiernos locales y la necesidad de fondos “propios” para los retos que enfrentan?
Si fuera algo más que una estrategia electoral o puro disciplinamiento organizacional, sería deseable la estructuración de una política pública que permita a los municipios y comunas contar con los recursos que requieren en razón de la consolidación del proceso de urbanización global. No como una “gracia” del soberano, sino en un esquema de legitimidad y legalidad.
Como sabemos, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y esta tendencia se incrementará en las próximas décadas.
El hecho urbano, las denominadas megalópolis o metaciudades, corredores urbanos o ciudades región, se conforma por nodos que articulan una geografía más o menos extensa y un volumen demográfico sin precedentes. Sin embargo, la urbanización no es sólo un hecho demográfico: es también una construcción social y cultural.
En Latinoamérica, el 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas. En Argentina, el 93% de sus habitantes reside en alguna ciudad, pero sólo cuatro o cinco de ellas cuentan con más de un millón de habitantes. No sólo somos la región más desigual del mundo, sino también la más urbanizada. Inclusión, cohesión social, educación y acceso universal a los beneficios del desarrollo urbano son imperativos que marcan la agenda de trabajo de los gobiernos locales.
Adormecidos, seguimos viviendo en un estado de excepción por “razones sanitarias” que no son menores ni excluyentes. Los complejos desafíos que hoy se enfrentan ponen de relieve la necesidad de (re)pensar el derecho a la ciudad, más aún si consideramos que los espacios urbanos consolidados constituyen polos de atracción potentes para el desarrollo cultural, para la innovación y para las oportunidades laborales. Son territorios llenos de potencialidades, de ilusión y de tensión.
El desafío es hacer realidad el “derecho a la ciudad” en las sociedades urbanas actuales, diversas y polarizadas, luminosas y oscuras, en las que se estructuran vínculos productivos virtuosos y tanto o más desigualdades que generan una fuerte conflictividad social.
No hay una conceptualización clara de este derecho; al menos, no es posible afirmar que se trate de un concepto unívoco o de consenso universal. Su formulación teórica inicial se atribuye a Henry Lefebvre, en el marco de las protestas urbanas que se dieron en el Mayo Francés de 1968, pero a partir de allí la noción de “derecho a la ciudad” ha tenido distintos recorridos hasta su tímida incorporación en la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III, celebrada en Quito en 2016.
La conceptualización de Lefebvre implicó en su época una fuerte crítica a la tecnocracia de lo urbano. Como contrapropuesta a una definición funcional de la ciudad, Lefebvre construye una teoría que busca rescatar, a través del derecho a la ciudad, al hombre como elemento principal y protagonista del espacio que él mismo ha moldeado. El hombre urbano es algo más complejo que algunas necesidades simplistas, que dejan afuera el deseo, lo lúdico, lo simbólico, lo imaginativo y otras necesidades por descubrir (Gaviria, 1969).
El impacto de esta pandemia y las diversas estrategias de prevención han vuelto la mirada a los espacios de cercanía. Casi como un pequeño gesto de poesía ante tanta incertidumbre. El confinamiento y la imposibilidad de movilizarnos han permitido revalorizar el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, donde se conjugan y se resuelven necesidades básicas. Quizá también nos permitan gestionar una nueva manera de vivir en la sociedad urbana, ahora que hemos recuperado cierta conciencia de que nada puede existir sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad; es decir, sin relaciones.
La ciudad crea una situación, la situación urbana (Lefebvre) y razones de salud o de seguridad públicas no habilitan a convertir ese espacio de convivencia común en un territorio sitiado, militarizado o disciplinado.
Se sostiene que el derecho a la ciudad es el derecho de los habitantes urbanos a construir, a decidir y a crear la ciudad, y no se compone de la suma de derechos individuales, sino de la producción social del espacio, donde habitar constituye una actividad social que otorga a los ciudadanos identidad urbana y los habilita para la participación política.
Esta mirada tan íntima y cercana de lo urbano que propone Lefebvre, potenciada en pandemia, nos desafía a crear ciudad y a recuperar nuestras libertades. Es lo que debemos contagiar para recobrar al prójimo, con todos los cuidados que cada uno requiera.
Para crear ciudad y fortalecer el federalismo, más allá del eslogan, es necesario integrar la ciudad y su gente, proponer canales de diálogo y sustancialmente rendir cuentas. No alcanza la discrecional generosidad del Estado nación en la coyuntura de un año electoral.
Como señala Agamben, “no perdamos la dimensión social y política… ni humana y afectiva” en la que quedamos atrapados por las crisis; exijamos, como ciudadanos urbanos, derechos plenos a construir, a decidir, a crear nuestras ciudades y a vivir en libertad.
*Coordinadora del programa Raíz, SEU Universidad Nacional de Córdoba
