El derecho a huelga no debe cercenar derechos esenciales

Avishai Margalit, en su libro La sociedad decente , dice que una sociedad civilizada y decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a la autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros. A su vez, afirma que la filosofía política necesita con urgencia una vía que nos permita vivir juntos sin humillaciones y con dignidad.

Lo acontecido en la ciudad de Córdoba los días 7, 8 y 9 de mayo, cuando la Unión Tranviaria Automotor (UTA) decidió hacer paro y continuarlo –pese al llamado a conciliación obligatoria y a la declaración de ilegalidad– durante tres días, como no sucedía desde hacía décadas, fue una humillación al pueblo de la ciudad e instaló de nuevo el debate sobre cómo se debe ejercer el derecho a huelga en los servicios esenciales.

El Gobierno nacional debería reglamentar a través de una ley el ejercicio de este derecho, en pos de que no atente contra múltiples libertades y derechos básicos de la ciudadanía.

El derecho a la locomoción es tan importante que su privación implica la privación de una innumerable cantidad de derechos consagrados en nuestra ley fundamental y en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, en virtud del artículo 75 inciso 22, entre ellos el derecho a educar y ser educado, a la salud, el comercio o el trabajo.

En consecuencia, hay que prohibir de manera expresa el paro intempestivo de transportes. Debe haber un aviso previo de 48 horas, ya que de esa forma las personas pueden organizar su movilidad de otra manera para realizar sus actividades.

Por otra parte, al ser el transporte un servicio esencial, a nuestro entender debe haber recorridos mínimos. A propósito de esto, el año pasado presenté un recurso de amparo ante la Justicia para que se declaren ilegales los paros intem­pestivos de transporte.

Hace unos meses, la misma Presidenta de la Nación tildó de "extorsionadores" a ciertos gremialistas que hacen abuso del derecho de huelga. Sería interesante que ella misma, en consonancia con sus dichos, promueva una ley que prohíba hechos como el ocurrido en Córdoba, en el cual 3.500 empleados del transporte privaron de derechos básicos a 600 mil usuarios de colectivo durante tres días.

Esto es fundamental, ya que los reclamos para mantener el salario real son cada vez más frecuentes, frente a una grave situación inflacionaria que el Gobierno se niega a reconocer, de manera sistemática. La realidad es que los ciudadanos nos hemos vuelto rehenes de decisiones arbitrarias y muchas veces ilegales de un puñado de súper poderosos sindicalistas que deciden infringir la ley.

A pesar de esto, no son ellos los principales responsables de situaciones como estas. Si bien han sido beneficiarios, porque vieron aumentar su poder significativamente, fue el poder político en los últimos años el que ha permitido, cuando no instado, abusos en el ejercicio del derecho a reclamar, hasta el punto de que pueden sentirse libres de desacatar resoluciones del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, considero imperioso generar un espacio donde los usuarios puedan controlar y participar en el servicio de transporte. Es necesario empoderar a los ciudadanos, porque no hay mejor control para la eficiencia y transparencia de los servicios públicos que el control social.

* Subsecretaria de Reforma Administrativa y Capacitación de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba