En tiempos en que el discurso público se intoxica cada vez más con consignas de odio, resulta necesario trasladar el derecho penal democrático al centro del debate jurídico, político y social.
Este modelo –conquista del constitucionalismo liberal– establece límites imperativos al poder punitivo estatal, garantizando a los ciudadanos que sus derechos fundamentales no serán avasallados de manera arbitraria por quienes ejercen los poderes del Estado.
El derecho penal democrático no es un derecho penal débil, ni permisivo, ni alentador de la impunidad. Es un derecho penal justo, racional y limitado sólo a aquellos casos en los cuales todos los demás mecanismos de resolución de conflictos fallaron.
Está construido sobre principios claros y universalmente aceptados: legalidad, derecho de defensa, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad ante la ley y proporcionalidad del castigo.
Populismo punitivo
Contra esta conquista del constitucionalismo liberal, se alza el populismo punitivo, que con fulgor retórico propone soluciones atractivas y simplistas que se apoyan, de manera básica, en el endurecimiento de penas y en la demonización de derechos y garantías, y busca así capitalizar el temor social.
Detrás de ese objetivo, se procura transformar el derecho penal en una herramienta simbólica de castigo para calmar a la opinión pública. Lo cual, lejos de resolver problemas estructurales como inseguridad, exclusión o desigualdad, ayuda a profundizarlos y a perpetuarlos.
Los discursos de odio que siguen a estas ideas son el combustible que alimenta la hoguera del autoritarismo, al presentar el respeto a los derechos fundamentales como un obstáculo para garantizar la seguridad y combatir la impunidad.
El populismo punitivo promueve así un derecho penal de la crueldad, en el cual el proceso judicial se transforma en una instrumento de demolición de garantías constitucionales, ya que no es necesario llegar a una condena para que el poder punitivo estatal ejerza efectos devastadores sobre las personas.
El solo hecho de atravesar un proceso penal puede constituir, en sí mismo, un castigo: detenciones arbitrarias, prisión preventiva abusiva, costos económicos, estigmatización social, quiebra de vínculos familiares y laborales, angustia psicológica, entre otras consecuencias, son algunas de las formas encubiertas de penalidad que el sistema judicial impone antes de que exista, en sentido técnico, una sentencia firme.
El rol de los medios
En este contexto, los medios de comunicación juegan un rol determinante. Un tratamiento mediático sesgado de un caso penal no sólo distorsiona la percepción social, sino que también ejerce una presión ilegítima sobre fiscales, jueces y defensores. Porque, al influir indirectamente en decisiones judiciales, contribuye a erosionar la presunción de inocencia de la que goza toda persona sometida a proceso penal, al condenarla mediáticamente antes de un juicio previo.
Por otra parte, la espectacularización del proceso penal, con amplificación de reclamos emocionales de venganza, coloca al Poder Judicial bajo tensión constante de escarnio público y aumenta riesgos de mala praxis judicial, de abusos procesales y de sentencias injustas.
Es aquí donde la función del Poder Judicial resulta crucial. De un Poder Judicial independiente, comprometido con los derechos fundamentales, que rechace ser cómplice del linchamiento mediático y del castigo ejemplarizante que se reclama en redes sociales, miserablemente estimulado por inconfesables intereses.
Un Poder Judicial que asuma, sin temor ni especulación, su función constitucional de garante imparcial de la aplicación razonada y proporcional de la ley penal sin ceder a presiones, por fuertes que estas sean, vengan de donde vinieren.
Defender un derecho penal democrático no es defender criminales: es defender la civilización frente a la barbarie; es defender el derecho frente al poder; es exigir que el proceso penal no se transforme en un castigo anticipado y, a la vez, protegerlo de la contaminación que amenaza con transformarlo en un espectáculo cruel, donde lo que menos importa es la verdad.
De allí entonces que, frente al avance de discursos simplificadores y violentos, resulta indispensable reafirmar que un Poder Judicial que respeta garantías constitucionales no es un Poder Judicial frágil. Por el contrario, representa la fortaleza del último muro de contención frente al autoritarismo, al impedir que una lógica de la crueldad se inserte definitivamente en el proceso penal y devore así toda noción de justicia y equidad.
- Abogado
