Sin dudas la eliminación del Impuesto a las Ganancias en los meses finales del gobierno anterior fue una iniciativa electoralista del entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Se decidió en septiembre de 2023, después de que el oficialismo quedara en tercer lugar en las Paso y le urgiera revertir los resultados.
La supresión de ese gravamen para la cuarta categoría tuvo dos efectos notables. Por un lado, unos 800 mil trabajadores dejaron de pagar el tributo. Por otro, se afectó una fuente de ingresos a las provincias; de allí el reclamo de muchos gobernadores al actual Gobierno para que vuelva a instituir el impuesto o bien hallar un mecanismo de compensación.
Es necesario recordar que uno de los más entusiastas partidarios de la eliminación era el entonces diputado Javier Milei, hoy presidente de la Nación, al frente de un Poder Ejecutivo que el martes envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para reponer el Impuesto a las Ganancias, bautizado ahora “Impuesto a los Ingresos Personales”.
En línea con su concepto de que el impuesto es un robo por parte del Estado, Milei llegó a calificarlo de “inmundo”. “Nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como ganancia. Este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado”, dijo textualmente en esa ocasión.
El proyecto enviado a Diputados contempla que paguen este tributo “a los ingresos personales” asalariados cuyo ingresos brutos sean superiores a $ 1.250.000, lo que equivale a un salario de bolsillo de $ 1.140.000. Si proyectamos esos valores en euros, obtenemos un monto similar al salario mínimo de España, que es de 1.323 euros, más o menos $ 1.189.000, siempre y cuando operemos con la cotización oficial, porque con la informal el mínimo español se eleva a más de $ 1.700.000.
Ese cálculo comparativo sirve para exponer que el nuevo piso imponible está muy lejos de ser un ingreso importante para un asalariado argentino, menos si se considera la escalada inflacionaria de los últimos meses, causada en buena medida por los desmanejos del anterior ministro de Economía. Por ese motivo, aun cuando sus críticas a la reposición del impuesto sean válidas, la responsabilidad que tiene en la crisis económica deslegitima éticamente los cuestionamientos de Massa.
La iniciativa del Ejecutivo también propone que el impuesto sea retroactivo al 1° de enero y que la actualización del mínimo no imponible y las escalas se realicen en forma trimestral a través del índice de precios al consumidor (IPC), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En términos conceptuales, es discutible si los impuestos a los ingresos de los asalariados son progresivos o no. La idea de que las personas que ganen más tributen más parece coherente con los principios de un Estado que aspire a cierta equidad distributiva, que no es precisamente la idea de Estado que propugna Milei.
En ese sentido, resulta evidente que una cosa son las ideas y otras las necesidades financieras o políticas. Sin embargo, ninguna necesidad puede volver justo lo injusto.
