La disputa política en las principales agrupaciones evita el debate y el consenso necesarios para el desarrollo de actividades que podrían impulsar el crecimiento de la Argentina.
Las posiciones no son unívocas. El caso más notable ocurre en la alianza oficialista Frente de Todos, en la que confluyen posiciones estatistas, de libre mercado, y hasta propuestas de cierre de la economía, ante el flujo global de bienes y servicios.
La falta de una definición clara llevó a la gestión de Alberto Fernández a carecer de un plan explícito para enfrentar los desafíos del pago de la deuda, el control de la inflación y el impulso al empleo.
El Gobierno incurrió en idas y vueltas sobre su propuesta, condicionado por el discurso en la campaña electoral de rechazo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contra las recetas ortodoxas de estabilización de la economía.
En medio de las disputas políticas, los distintos sectores productivos reclaman políticas estables, que no se modifiquen en función de las necesidades de dólares del Banco Central, y también reclaman consenso sobre actividades que podrían generar un crecimiento sustentable.
Entre ellas, los dirigentes sectoriales señalan la política nuclear y la aeroespacial, la economía del conocimiento, la exploración y la explotación de los recursos de Vaca Muerta, y la expansión de la minería y de la producción de hidrógeno verde, así como de las energías alternativas.
A ello habría que agregar un acuerdo básico sobre las obras de infraestructura prioritarias, las cuales no deberían estar sujetas a las necesidades electorales de gobernadores y de intendentes, que aparecen como los grandes decisores de los emprendimientos públicos.
En los campos mencionados, la Argentina no sólo tiene la posibilidad de generar empleos calificados, sino también de abrir nuevos mercados en el exterior, donde se demandan alimentos y energía.
Las autoridades nacionales no han logrado alcanzar un equilibrio entre abastecer al mercado interno de las materias primas que conforman la dieta básica de los argentinos y la venta al exterior de la producción de granos.
El principal responsable de generar una infraestructura básica para el aprovechamiento del gas no convencional de Vaca Muerta es el Estado nacional.
La administración de Alberto Fernández tardó más de 30 meses en poner en marcha el gasoducto que llevaría el fluido hasta el centro de la provincia de Buenos Aires y aún no proyectó ni adjudicó el trazado hacia el Norte. Esta región abona el triple del costo del gas natural, que es importado desde Bolivia.
Tampoco existe una estrategia clara de preservación del ambiente en las producciones de oro, cobre y litio, además de carecer esas explotaciones de una estructura moderna para su llegada a los principales centros de producción.
La agenda de los consensos básicos es enorme y requerirá de un gran esfuerzo de los sectores involucrados en forma directa en su explotación, como asimismo por parte de las comunidades vecinas a los centros de elaboración para el cuidado del ambiente.
Esa búsqueda debería estar por encima de la desgastante pelea interna, que en nada contribuye a la solución de los problemas locales.
