En los últimos meses se han hecho frecuentes las noticias relacionadas con el crecimiento de los delitos cometidos por población adolescente.
En Córdoba, por ejemplo, se registraron casos graves contra conductores de autos de aplicaciones, a quienes jóvenes les tienden emboscadas para robarles, o bien, directamente, para llevarse sus vehículos.
En apenas 15 días, también hubo varios hurtos, agresiones y daños a la propiedad que tuvieron como protagonistas a jóvenes de entre 14 y 16 años, y hasta a niños de apenas 11.
Siete fueron detenidos en distintos puntos de la capital provincial por delitos como robos y daños a la propiedad. Tres fueron aprehendidos en el barrio Nueva Córdoba, tras sustraer un celular; y cuatro en Parque Liceo 2ª sección, por lanzar piedras a un domicilio.
Y si bien la gente está cansada de los reiterados hechos de inseguridad –un reclamo genuino, a partir de un problema que sufre gran parte de la población–, vale la pena detenerse para reflexionar sobre dos puntos.
El primero de ellos es la forma en que las autoridades –y su consecuente reflejo en los medios– informan e interpretan estos hechos. En especial porque, pese a que pueda registrarse un incremento en la participación juvenil del mapa delictivo, el porcentaje de estos en relación con el total sigue representando una parte pequeña.
Las últimas cifras registradas en la ciudad de Córdoba por el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA), por ejemplo, mostraban en 2023 que de las 3.223 personas detenidas, 196 tenían entre 16 y 17 años; y 134, menos de 16.
Mucho tiene que ver en esto la agenda del Gobierno nacional para tratar de poner en debate la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Pero quizá haya que detenerse mejor a pensar ese tipo de cambios: ¿para qué? ¿Cuáles son las cifras reales de menores de edad que delinquen? ¿Qué delitos cometen? ¿De qué tipo de reforma hablamos? ¿Tiene que ver con prisión y condenas, o bien con nuevas políticas de integración para esos niños y niñas?
Si no, en ese fragor, y entre esas preocupaciones urgentes, se perderán algunas cuestiones de fondo, tanto o más importantes.
Aquí viene el segundo de los puntos mencionados al principio: ¿cuáles son las causas por las que se incrementa la participación juvenil en el delito? ¿Qué se hizo o qué se dejó de hacer para llegar a esa situación? ¿Qué pasa en esas familias?
Sin diagnósticos certeros, las soluciones serán sólo efectistas e inútiles a largo plazo.
Se impone, entonces, la necesidad de integrar a ese sector de la población y apuntar a su futuro –y, por ende, al de toda la sociedad– para evitar o prevenir la repetición cultural de esas conductas.
Sin esta visión, que requiere de las consecuentes políticas sociales y de seguridad, las reacciones oportunistas no tendrán sentido y sólo servirán para aumentar el riesgo de estigmatizar, incluso hasta en el lenguaje utilizado para difundir este tipo de información.
