La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la institución deportiva más relevante del país, atraviesa una severa crisis. Así lo revela el hecho de que su sede en la Ciudad de Buenos Aires, el predio “Lionel Messi” que la organización tiene en Ezeiza y las oficinas de 18 clubes del fútbol local hayan sido allanados por la Justicia para esclarecer delitos graves como fraude financiero, evasión impositiva y lavado de dinero.
La AFA es, a los efectos legales, una asociación civil sin fines de lucro. No tiene como objetivo principal generar ganancias para sus miembros, sino promover y regular el fútbol en Argentina.
Sus normas estatutarias obligan a los clubes que la integran a compartir la misma naturaleza jurídica. Pero una serie de actuaciones judiciales concurrentes están dando cuenta de un oscuro entramado multimillonario de intereses que contrastan con esa formalidad normativa.
Algunas de esas investigaciones surgieron como derivación de otras, como la detección de maniobras irregulares en la administración de recursos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Otras actuaciones judiciales fueron instadas por los organismos estatales obligados a denunciar la presunción de procedimientos ilícitos relacionados con la recaudación tributaria y previsional o la transferencia irregular de activos.
Las distintas investigaciones encontraron un punto de coincidencia: Sur Finanzas, una organización de intensa participación en la asistencia financiera a clubes asociados a la AFA.
Los jueces y fiscales intentan esclarecer el origen de los fondos que administraba esa financiera, las condiciones de su intermediación con los clubes solicitantes de crédito y su vinculación presunta con el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, alias “Chiqui”, y sus colaboradores más estrechos. En especial, el tesorero de la institución, Pablo Ariel Toviggino.
El origen de los recursos de Sur Finanzas es -con toda legitimidad- objeto de particular interés de las autoridades judiciales. Conviene al interés general la prevención, detección y represión legal de maniobras de lavado de activos que pudieran provenir de actividades punibles como el juego clandestino o el tráfico ilegal de estupefacientes.
No menos relevante es determinar las condiciones de intermediación pactadas entre Sur Finanzas -o cualquier otra entidad financiera- con los clubes protegidos por la normativa vigente, que los considera asociaciones civiles sin fines de lucro.
Y urge que las autoridades de la AFA transparenten su actuación en todo el proceso, despejando -si en verdad pueden hacerlo- toda duda sobre conductas reprochables, como el enriquecimiento ilícito o el recurso al testaferrato.
En el transcurso de las investigaciones, se ha aludido en la conversación pública a dos condicionantes ajenos a la actuación judicial: un ambiente adverso contra las autoridades de la AFA por decisiones arbitrarias sobre las competencias deportivas que organiza y un clima opuesto de cautela, por la cercanía del Mundial 2026.
Ninguna de estas dos circunstancias debe condicionar a jueces y fiscales. La sociedad argentina merece que la ley se aplique en todos los ámbitos de la vida social, incluso en el de competencias deportivas que provocan pasiones multitudinarias.
