Si el Estado disminuye su presencia en los barrios más carenciados, las estructuras del narcotráfico ocuparán su lugar. En ese diagnóstico por demás alarmante coinciden referentes sociales, sacerdotes católicos y pastores evangélicos, entre otros actores de peso en esas barriadas.
La Voz hizo un relevamiento en la ciudad de Córdoba. Lo que sucede aquí ilustra, con sus más y sus menos, una realidad que se extiende a todo el territorio nacional. La cuestión de fondo, como tantas otras, no es nueva. La red narco está instalada desde hace más de una década en diferentes barrios marginales, donde interactúa con los vecinos, y para muchos adolescentes y jóvenes representa un posible modelo por seguir.
En palabras de Silvia Quevedo, de la Red de Comedores Comunitarios, “pibas y pibes de Las Violetas o de San Roque, sin alternativas laborales, pueden ingresar sin problemas a una organización que no pide currículum”. Es que en los territorios donde la crisis golpea con más fuerza, como dice el sacerdote Mariano Oberlín, el día a día se define entre comer y no comer.
Ante esa falta de opciones, para el cura Pablo Viola, “la venta de drogas se ha instalado como una salida laboral y económica. Hay menos resistencias morales y mayor tolerancia a ejercer ese tipo de actividades”. En consecuencia, cuando se reclama la presencia del Estado, no se trata de un planteo teórico o de una petición vinculada con la seguridad, sino con la asistencia material concreta que ponen en juego las redes de contención social que se han tramado en esas barriadas desde la crisis de 2001.
Porque en el centro de esas redes están los comedores comunitarios, que actualmente están atravesados por tensiones inesperadas: por un lado, aumentó la demanda, que ahora incluye hasta personas con trabajo cuyos salarios no les permiten llegar a fin de mes; por el otro, el recorte de los fondos nacionales va acompañado de un discurso que pone en duda la honestidad de quienes llevan adelante los comedores, que empiezan a ser acusados por sus propios vecinos de quedarse con el dinero que reciben.
Sólo en la ciudad de Córdoba funcionan unos 2.400 comedores y merenderos, en los que se sirven unas 300 mil raciones diarias. Todos están perfectamente auditados y tienen importantes referentes sociales al frente.
Según Laura Jure, ministra cordobesa de Desarrollo Social y Promoción de Empleo, hasta el 10 de diciembre había programas de la Nación que enviaban fondos directamente a esos comedores, sin intermediarios. Pero el Ministerio de Capital Humano congeló numerosos programas sociales para auditarlos, porque estarían viciados de discrecionalidad y favorecerían maniobras corruptas.
Mientras tanto, como dice el refrán, pagan justos por pecadores, y todos los actores sociales, aun los más honestos, se ven estigmatizados por un relato que aplana las necesarias distinciones entre quienes tienen un verdadero compromiso con los pobres y conviven con ellos, y quienes los usan como excusa para lucrar. El Gobierno nacional no tiene argumentos para recortar su asistencia a los más pobres y no puede descargar toda la responsabilidad en las provincias y los municipios. Los programas sociales suspendidos en zonas realmente carenciadas deben volver a funcionar de inmediato.
