El presidente Javier Milei convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a suscribir un pacto de 10 puntos, por un nuevo orden económico y social, el próximo 25 de mayo, al que denominó, simbólicamente, “pacto de mayo”.
Formuló la invitación en el tramo final de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El pacto propuesto contemplaría la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, una reducción del gasto público para que se ubique en torno del 25% del producto interno bruto, una reforma tributaria para reducir la carga impositiva, la configuración de una nueva coparticipación federal, un plan de explotación de los recursos naturales de las distintas provincias, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma política y la apertura del comercio internacional.
Son 10 temas con los que nadie debería estar en desacuerdo. Hace décadas que el país tendría que haber abordado esas cuestiones. ¿Pero cuál será el contenido específico en cada caso? ¿Quién o quiénes lo definirán y cómo? En otro sentido, ¿será factible agregar nuevos temas? El diputado Rodrigo de Loredo, por ejemplo, llamó la atención sobre la ausencia de la cuestión educativa.
Cuando se analiza en detalle todo su discurso, se observa que en la primera parte el Presidente se encargó de criticar a quienes luego convocó a pactar. Más allá de la genérica caracterización que hizo de la herencia recibida, al mencionar un gasto público exorbitante, una emisión descontrolada, las reservas netas negativas y una “deuda descomunal”, para su conclusión se amparó en el resultado de la auditoría que le encargó a la Sindicatura General de la Nación.
“La mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado: una organización criminal, diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, dijo.
Por lo tanto, advirtió que seguirá adelante con su plan aun si no cuenta con el apoyo de la dirigencia política: “No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que hicimos a la sociedad”. Luego, marcando la conducta de la oposición como errónea, no dudó: “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”. En consecuencia, se reservó para sí la valoración positiva: “Nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás: vamos a seguir acelerando”.
En ese contexto, tras confesar su escepticismo respecto de los resultados, anunció que la firma del “pacto de mayo” tendrá, para los gobernadores, una condición previa: deberán firmar un preacuerdo y dar su apoyo a la “ley ómnibus” y a un “paquete de alivio fiscal para las provincias”.
Así enmarcado, el pacto se parece más a un contrato de adhesión al oficialismo que al producto de una negociación entre los administradores de dos de los tres niveles en que se subdivide el Estado argentino.
Es aquí donde el presidente Milei se aleja del objetivo: Argentina necesita un pacto como el propuesto. Pero hacerlo posible obliga a escuchar e integrar los aportes de la mayor cantidad posible de actores políticos.
