Fue cerca de la Navidad pasada, cuando un policía retirado de la Federal mató a un vecino que no aceptaba bajar la música a todo volumen. Ocurrió en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, tras una discusión de varios minutos que terminó de manera fatal.
A los pocos días, durante el Año Nuevo, otro hombre armado se acercó a un grupo de vecinos, en Entre Ríos, a quienes amenazó con disparar si no dejaban de tirar pirotecnia.
En este último caso no hubo que lamentar víctimas, pero este tipo de hechos no son infrecuentes.
Los medios reflejan de manera periódica distintos conflictos que comienzan con algún tipo de infracción –de tránsito, por ruidos molestos, problemas entre vecinos– y que derivan en hechos violentos iniciados por alguna o por ambas partes, con resultados que muchas veces hay que lamentar.
El grave final ocurrido en diciembre pasado en La Matanza también se dio luego de algún enfrentamiento nacido a partir de malas maniobras de una persona al volante, que son respondidas con vehemencia asesina por la que se considera afectada.
Este tipo de violencia se dispara por conductas puntuales, detonantes, pero reflejan un estado de situación mucho más profundo y preocupante.
Hace tiempo que la ciudadanía argentina reconoce su creciente fragmentación social en ese tipo de hechos violentos, nacidos de la imposibilidad del diálogo, de la tolerancia y de la civilidad más básica que debe regir a una comunidad.
Demasiada gente siente frustraciones, desánimos, broncas e incertidumbres que se acumulan a lo largo del tiempo, por distintas causas que pueden ser personales, familiares e incluso nacidas de las diferentes crisis –no sólo económicas– por las que atraviesa la sociedad en su conjunto, desde hace tanto tiempo.
Pero ni las más hirientes infracciones, ni una conducta violenta, ni una afrenta insultante justifican quitarle la vida a nadie.
En diciembre pasado, el Gobierno nacional habilitó la portación de armas a jóvenes de 18 años, al modificar el artículo 55 de la ley 20.429, que establecía los 21 como requisito para la adquisición, uso, tenencia y portación de armas de uso civil.
Hay demasiada evidencia empírica, en todo el mundo, que muestra que los delitos violentos aumentan cuando se adoptan leyes que permiten la posesión oculta de armas. Es decir, en contra de la tesis “más armas, menos delitos”.
Se necesita que todos los niveles del Estado –municipal, provincial, nacional– insistan con políticas públicas que apuesten a la tolerancia y a la integración, y no a la continua grieta que la política ha convertido en estrategia para fidelizar votos y voluntades.
Tanto enfrentamiento constante, tanta violencia en los discursos, también contribuyen a calentar ese caldo de violencia contenida, que a veces estalla con la más mínima chispa.
Se debe apelar a la reflexión, al diálogo en todas las instancias, desde la vida más cotidiana hasta el más alto nivel de la política o de la gestión pública.
Sin eso, seguiremos cronicando muertes como las mencionadas al comienzo.
