En sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni minimizó la protesta social en Posadas. “No hay temor de que la situación que se vive en Misiones se extienda a otras provincias, seguro que lo van a resolver en estos días”, dijo.
Estamos hablando de protestas que han incluido, desde la semana pasada, acampes y piquetes, a partir del acuartelamiento de parte de la policía, a cuyos reclamos salariales se unieron los docentes y los trabajadores de la salud.
Ese cuadro, en realidad, preocupó al Gobierno nacional, por lo que se implementó un comité de crisis liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Qué sentido tiene, entonces, negarle entidad al problema a través del vocero presidencial?
Además, la conflictiva situación social de Misiones no es la única que se registra. Otro caso es Mendoza, donde el Poder Judicial está paralizado por una protesta de empleados y funcionarios que también gira alrededor de cuestiones salariales. Allí los primeros reclamos se registraron en abril, pero desde comienzo de mayo se transformaron en un paro que se ha renovado cada semana y la asamblea judicial del 22 de mayo resolvió que la huelga continúe hasta el 31 de mayo, en rechazo de la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de cerrar unilateralmente la negociación paritaria y otorgarles un aumento de 10% por tres meses, tomando como base el salario de diciembre del año pasado.
El Gobierno nacional no puede evadir su responsabilidad sobre la cuestión de fondo. Los empleados públicos que protestan son provinciales y/o municipales. La Nación no tiene que pagarles los sueldos ni puede otorgarles un aumento. Pero es su plan económico el que ha licuado los salarios y, en consecuencia, ha afectado el poder adquisitivo de la población en general.
Si a eso se suma una fuerte recesión y un extraordinario recorte de las partidas de dinero que recibían las provincias, es obvio que las 24 jurisdicciones enfrentan y enfrentarán serios problemas de caja: están obligadas a aumentar sus erogaciones justo cuando han mermado con fuerza sus ingresos. Encima, tienen que dar respuesta a los reclamos en soledad porque no tienen interlocución alguna con el Gobierno nacional.
Mientras tanto, gobernadores e intendentes del interior observan con preocupación cómo se refuerzan los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, un ejemplo irrefutable de la preocupación del Gobierno por posibles protestas en cadena a poca distancia de la Casa Rosada.
Como dijimos en oportunidad de la marcha universitaria de abril, la calle no gobierna, pero es muy difícil gobernar contra la calle. El Gobierno, en vez de minimizar las protestas sociales debe abrir canales de diálogo con los gobiernos provinciales y municipales para prevenir conflictos mayores.
