Con el objetivo de visibilizar su trabajo y reforzar vínculos intersectoriales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizó en Córdoba una segunda jornada de puertas abiertas, a la que invitó a las cámaras empresariales y agencias de la Provincia. La anterior, recordemos, estuvo destinada a legisladores y autoridades del área científico-tecnológica.
Conicet tiene en Córdoba su mayor Centro Científico Tecnológico del país, integrado por 42 institutos que gestiona en conjunto con otras 11 instituciones –la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Villa María y la Universidad Tecnológica, entre otras– y en los que se desarrollan más de 2.000 líneas de investigación.
Un punto clave de la jornada fue la puesta en valor de la transferencia de conocimientos al sector privado, temática en la que se registran múltiples experiencias de vinculación, tanto con empresas nacionales como internacionales. Esa vinculación no sólo es importante porque el destino del conocimiento científico y de los avances tecnológicos es la sociedad, sino también porque habilita una nueva y legítima fuente de financiamiento.
El sistema científico nacional es fundamentalmente público y su financiación es en gran medida estatal. Según las cifras que se manejaron en la jornada, apenas un 30% de la inversión que recibe Conicet es privada, mientras que en otros países el sector privado invierte tres veces más que el público. No estamos hablando de contribuciones o donaciones bajo un esquema de mecenazgo, sino de una razonable retribución por trabajos científico-tecnológicos diseñados para ofrecer soluciones concretas a problemas específicos de las empresas.
Ante el proceso político y económico actual, donde el Estado está abandonando la financiación de ciertas políticas públicas, la búsqueda de otras fuentes de ingresos para el sector de ciencia y tecnología resulta prioritario por varios motivos.
La inversión que realiza Argentina en ciencia y tecnología es muy baja en comparación con los parámetros internacionales. Según el Banco Mundial, a comienzos de esta década, en promedio, el mundo invertía en investigación y desarrollo 2,5% del producto interno bruto (PIB); pero si sólo tuviésemos en cuenta los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) –el llamado “club de los países ricos” al que Argentina aspira a ingresar–, la inversión sería del orden del 3% del PIB. Pues bien, en nuestro país, según los últimos datos disponibles, estamos en el rango del 0,5% del PIB. Como ahora el Gobierno nacional parece dispuesto a reducir estas partidas, ¿a qué irrisorio monto nos veremos constreñidos?
Una baja inversión en ciencia y tecnología corta el flujo de formación y promoción de recursos humanos, lo que resiente en el mediano y largo plazo la renovación de los investigadores. Si hoy se reduce la cantidad de becarios en formación y la cantidad de ingresantes a las carreras de investigador o de personal de apoyo respecto de años anteriores, dentro de un lustro ya habrá menos líneas de investigación.
Argentina es un país pobre y, como tal, no puede darse el lujo de no invertir en ciencia. Ya lo demostró la India cuando debatió la cuestión, tras declarar su independencia.
