Un territorio de bosque nativo de miles de hectáreas puede ofrecer paisajes maravillosos, además de contribuir a la naturaleza con todo lo que de ella se requiere para sostener inalterables la biodiversidad y los suelos, a menudo degradados hasta lo impensado por factores diversos.
La buena salud de esos predios es la anhelada meta de los defensores del medioambiente, que, por fortuna, son cada vez más. Sin embargo, es común que deban resignarse a los estragos ambientales provocados por los incendios forestales y por los desmontes ilegales a gran escala.
Queda fuera de discusión que, en materia de incendios de campos, ha sido probada en modo recurrente la intencionalidad humana. Y huelga apuntar en el mismo sentido sobre los desmontes.
La depredación es constante y demanda una tarea preventiva, en paralelo con las sanciones pertinentes de parte de la Policía Ambiental de Córdoba.
Un informe que publicamos días atrás contiene datos oficiales preocupantes. Según ese organismo, el desmonte ilegal afectó 5.820 hectáreas de bosque nativo en 2021. Se trata de un 21 por ciento más que lo dañado en 2020.
Sin embargo, las ecuaciones adquieren mayor relevancia si se contabiliza que entre 2016 y 2021, el acumulado de intervenciones arbitrarias trepó a 43.765 hectáreas. Como señala el informe periodístico, el equivalente al 75 por ciento de la superficie del ejido de la ciudad de Córdoba.
Vale mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente da vía libre a los desmontes en predios asignados a obras públicas, como, por caso, la autovía de Punilla.
Pero los ecosistemas siguen en peligro de extinción debido a los efectos colaterales de emprendimientos de orden agrícola-ganadero y hasta de desarrollos inmobiliarios.
En función de las acciones ilegales de algunas personas desaprensivas, en el tema que nos ocupa es crucial crear conciencia sobre la defensa de los ecosistemas.
Ello en el entendimiento de que son vitales para la regulación hídrica, entre los beneficios ya mencionados. La Policía Ambiental admite que se ha multiplicado la intervención ilegal, y justifica una baja considerable en los controles de algunas regiones a raíz de las restricciones sanitarias por el Covid-19.
Es verdad, también, que la ley provincial sobre bosque nativo (la número 9.814, sancionada en 2010) puso límites a ciertas conductas ancladas en la destrucción de la naturaleza con fines pecuniarios. Pero ese instrumento legal aprobado por la Legislatura de Córdoba no fue del agrado de los ambientalistas y su anunciada modificación continúa empantanada.
Demasiado ha consumido el fuego durante los últimos años como para no proteger con empeño lo que va quedando en pie. Más aún si están visibilizadas las regiones de mayor devastación del bosque nativo (el reporte oficial pone bajo la lupa a departamentos del norte cordobés).
La Córdoba turística no debe ofrecer como menú de presentación miles de hectáreas convertidas en cenizas ni la depredación de la espesura boscosa.
