No parece haber gobernantes en los niveles nacional, provincial y municipal que se resistan a la tentación de modificar en beneficio propio normas que hacen al funcionamiento institucional del poder.
En ese contexto, la caja de resonancia son los niveles parlamentarios, encargados de aprobar las modificaciones a ordenamientos legales conforme a los intereses del poder de turno.
Aunque sin el estrépito ni la repercusión social de otras jugadas magistrales de la política de comité, la Legislatura de la Provincia acaba de agregar otro ingrediente a la polémica: modificó el Código Electoral de la provincia de modo de ampliar el plazo vigente para la convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador y tribunos de cuenta.
Una discrecionalidad del Poder Ejecutivo que fijaba entre 60 y 180 días antes de la finalización del mandato del gobernador el límite para llamar a elecciones. Tras el rumbo consentido por la mayoría oficialista de Hacemos por Córdoba y rechazado por la fuerzas opositoras, ahora se amplió esa ventana a 280 días.
No es la primera vez que se mete manos en la letra del Código Electoral por decisión del Poder Ejecutivo que conduce los destinos de los cordobeses desde hace un cuarto de siglo, en virtud de las alternancias entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Hasta los menos informados se preguntan qué motiva el apuro de la modificación cuando aún no asumió el gobernador electo, Martín Llaryora, quien tendrá mandato hasta diciembre de 2027. Una cosa es enmendar códigos con irrebatibles argumentos y otra muy distinta es meterse a “manosear” la ley.
Calificados constitucionalistas sostienen la necesidad de promover de una vez y para siempre una fecha fija para la realización de las elecciones. Es sabido que en Estados Unidos, por ejemplo, todo el país vota en simultáneo “el primer martes después del primer lunes de noviembre”. Y esto es así… desde 1845. Es un modo de aportar transparencia, reducir la discrecionalidad del gobierno de turno y eliminar el festival de fechas electorales que vive hoy la Argentina. Córdoba profundizó ahora el camino contrario: el de la más amplia discrecionalidad.
No es de menor resonancia el proyecto oficial de cambiar las reglas de juego respecto de las funciones de control que competen al Tribunal de Cuentas de la provincia, cuya mayoría se adjudicó la oposición en las elecciones del 25 de junio pasado. También en el marco de agitadas controversias, el oficialismo dio vía libre al proyecto de ley tendiente a quitarle injerencias a ese organismo que controla los gastos de la Provincia.
Otra vez detonan las dudas acera del respeto a la institucionalidad y a la voluntad del electorado. Y cabe el interrogante: si la oposición no hubiera ganado en el tramo de tribunos de cuenta, ¿el gobierno que se va y el que viene se hubieran embarcado en sancionar de madrugada una ley para evitar molestos controles?
Pero la transparencia es un bien escaso en la política y la población madura va tomando nota de ello.
