Las cifras estremecen: en 2025, se incautaron 4.635 celulares en las cárceles de Córdoba. Eso equivale a 13 aparatos por día.
Si se considera que en los penales provinciales hay unos 17 mil internos, la proporción es de un celular cada cuatro presos. Y eso sólo respecto de los aparatos incautados.
Los datos evidencian un fenómeno que lleva 25 años de expansión de una verdadera industria delictiva intramuros.
Los teléfonos móviles se convirtieron en herramientas para montar “call centers tumberos”, con los que internos realizan estafas telefónicas a gran escala. También sirven para organizar asaltos, dirigir negocios narco, coordinar envíos de droga mediante drones y ordenar ataques armados.
La detención reciente de un joven acusado de balear a una chica en barrio Yapeyú, tras recibir órdenes desde dos prisiones, expone con crudeza ese esquema. En 2025 también cayeron bandas armadas que ejecutaban ataques por encargo de presos alojados en Cruz del Eje.
El control de esos dispositivos dentro de los pabellones suele quedar en manos de presos con poder que administran el uso de los teléfonos y cobran tarifas a otros reclusos. El resultado es una estructura paralela de mando que desafía la autoridad formal del sistema de cárceles.
Tras la detención de una treintena de altos mandos del Servicio Penitenciario de Córdoba, entre ellos su entonces jefe Juan Bouvier, por presunta asociación ilícita vinculada al funcionamiento de estos call centers, la Provincia dispuso la intervención del organismo.
La investigación del fiscal Enrique Gavier resultó clave para desnudar la presunta connivencia de autoridades penitenciarias con las bandas.
Desde el Ministerio de Justicia destacan que los secuestros de celulares crecieron 39% respecto de 2024 y que se incorporaron escáneres fijos y móviles, detectores, perros adiestrados y un cuerpo de requisas sorpresivas.
También se instalaron inhibidores de señal 3G en Bouwer y en Cruz del Eje. Sin embargo, las propias autoridades reconocen limitaciones cuando se trata de teléfonos más modernos.
El problema no se reduce a los celulares. En 2025 se incautaron en los penales 39 kilos de cocaína y 130 kilos de marihuana.
Las autoridades actuales exhiben números crecientes de incautaciones como señal de eficacia. Sin embargo, cada teléfono secuestrado también confirma que muchos otros continúan operativos.
Si el promedio es de un celular cada cuatro internos, la magnitud del desafío exige algo más que controles reforzados.
Córdoba necesita una depuración integral del sistema penitenciario. Eso implica auditorías externas permanentes, rotación de personal en áreas sensibles, controles patrimoniales estrictos y coordinación efectiva con la Justicia provincial y con la de jurisdicción federal.
También demanda inversión tecnológica acorde a los avances en telecomunicaciones, y protocolos transparentes de supervisión.
Las cárceles existen para el cumplimiento de condenas, no para la planificación de nuevos delitos.
Cuando desde una celda se ordena una estafa o un ataque armado, el Estado pierde autoridad y la sociedad paga las consecuencias.
Las medidas oficiales resultan necesarias, pero no alcanzan. El problema dejó de ser episódico. Es estructural.
Sólo una reforma profunda, sostenida y sin concesiones podrá desarticular un sistema que, hasta ahora, mostró más sombras que soluciones.
