Las cifras que surgen de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba describen mucho más que una estadística. Revelan una trama de abusos, desprotecciones y silencios que golpea con dureza a los adultos mayores, el grupo que más reclamos presenta por estafas y malas prácticas vinculadas a servicios financieros y digitales.
Durante 2025, casi 27 mil personas acudieron al organismo en busca de asesoramiento. De ese universo, 757 realizaron denuncias formales, con un crecimiento exponencial respecto de años anteriores.
El rubro financiero encabezó la lista: bancos, tarjetas de crédito y seguros concentraron la mayoría de los reclamos, con las estafas bancarias en primer lugar.
Los principales motivos de denuncia se repiten: falta de información clara, ausencia de atención telefónica, consumos no solicitados, créditos tomados sin consentimiento y una digitalización de servicios que excluye a quienes no dominan la tecnología.
A esto se suma el avance del ciberdelito, con llamados falsos, mensajes alarmantes, enlaces apócrifos y suplantación de identidad. No son ataques sofisticados a sistemas informáticos, sino maniobras que explotan el miedo, la urgencia o la ilusión.
Las personas mayores suelen resultar las más afectadas por una combinación de factores. Muchos no son nativos digitales y se vieron empujados a gestionar su dinero y sus trámites a través de aplicaciones, de claves y de pantallas poco amigables.
La brecha digital se cruza, además, con una etapa vital marcada por cambios profundos: jubilación, ingresos ajustados, soledad, problemas de salud o dependencia de terceros. En ese contexto, un llamado que promete un beneficio o advierte sobre un supuesto robo activa alarmas emocionales difíciles de manejar sin acompañamiento.
Las consecuencias de estos delitos no se agotan en la pérdida económica. Muchas víctimas atraviesan cuadros de angustia, vergüenza y culpa. Algunas dejan de usar herramientas digitales por temor, lo que profundiza su aislamiento y limita el acceso a derechos básicos.
Frente a este panorama, las medidas de ayuda no pueden reducirse a recomendaciones técnicas. La alfabetización digital cumple un rol central, y los talleres en centros de jubilados y espacios comunitarios muestran un camino posible.
Enseñar a identificar señales de alerta, a no compartir códigos ni datos personales y a detener una interacción sospechosa resulta clave. Pero también hace falta un compromiso mayor de las entidades financieras, que deben garantizar información accesible, atención humana y sistemas de seguridad acordes.
La prevención exige, además, campañas públicas sostenidas, claras y empáticas. Los organismos con competencia en la materia tienen la responsabilidad de advertir, educar y acompañar, sin trasladar la carga de la protección a las víctimas.
En este escenario, la familia y el entorno cercano ocupan un lugar insustituible. Hijos, hijas, nietos y personas de confianza pueden ayudar a revisar movimientos, a acompañar transacciones importantes y a generar un espacio donde preguntar no dé vergüenza.
Naturalizar estas situaciones como “errores” individuales equivale a mirar hacia otro lado. El avance del ciberdelito interpela a toda la sociedad y obliga a construir respuestas colectivas, con humanidad, responsabilidad y justicia.
