En un contexto económico desafiante, tal como acostumbra la historia de nuestro país, la informalidad laboral se consolidó como uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible de Argentina.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, del total urbano, 47% de la población que trabajaba al tercer trimestre de 2024 en el sector privado argentino lo hacía en la informalidad.
Es decir, casi la mitad de la ciudadanía no tiene red de contención y no forma parte de los acuerdos paritarios que negocian sectores asalariados formales.
Pero ese promedio no refleja la situación de la informalidad en todo el país, donde se registran profundas diferencias entre distritos.
En particular, Córdoba se destaca de manera negativa, al registrar la mayor tasa de empleo informal entre las provincias más grandes del país: 55% de quienes trabajan en el sector privado en Córdoba lo hacen de manera informal. Es decir, ocho puntos más que el promedio nacional.
Este fenómeno se concentra principalmente en sectores como construcción, comercio e industria, donde la precariedad laboral se hace sentir de manera más pronunciada.
Las provincias del sur y la Ciudad de Buenos Aires (Caba) son las más “formales”, y las del norte las más informales, con picos de 70%, como el caso de Santiago del Estero.
Para comparar en relación con otros países, otro informe de Fundar y Argendata -con datos de 2022- analiza la situación en América latina y ubica a la Argentina entre los países de menores tasas, por detrás de Chile, Uruguay y Costa Rica, pero mejor que Brasil y México.
Pero esto no es ningún consuelo. La informalidad laboral tiene múltiples efectos negativos: reduce la recaudación fiscal, limita la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos y distorsiona la competencia entre empresas. En especial, implica ausencia de derechos laborales, falta de cobertura social, menores ingresos y mayor vulnerabilidad frente a crisis económicas.
En otras palabras, la informalidad perpetúa la pobreza.
Uno de los factores que se debe enfrentar de manera urgente es el elevado costo que enfrentan las empresas para incorporar o mantener empleados.
Cargas sociales elevadas, impuestos distorsivos y regulaciones laborales desactualizadas generan un entorno poco propicio para incentivar la formalización del empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Este escenario incentiva a muchas de estas a operar en la informalidad como una estrategia de supervivencia, lo que a su vez alimenta el círculo vicioso.
Para revertir esta situación, es imperativo implementar reformas laborales que reduzcan los costos para las empresas, que modernicen las regulaciones para adaptarlas a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo, que fortalezcan los mecanismos de fiscalización y control para combatir la evasión y que promuevan la capacitación y la inclusión laboral de los sectores más vulnerables.
Y debe hacerse de manera urgente, por delante de otras batallas inconducentes que sólo sirven para dividir a la ciudadanía.
De otra manera, seguiremos lejos de poder construir un mercado de trabajo más justo y eficiente.
