Es crítico el panorama que se vive en los comedores populares de Córdoba, al igual que en los de otras zonas del país. Los aportes solidarios que recibían se redujeron por la crisis económica. El aporte estatal de la Nación, a través de la Tarjeta Alimentar, no alcanza para cubrir el mes. El municipio de la capital provincial trata de asistir por igual a los más de 2.500 comedores que tiene registrados, pero el subsidio que recibe cada uno es ínfimo. En consecuencia, hay escasez de alimentos justo cuando hay un importante aumento de la demanda.
Por lo tanto, algunos cerraron y otros funcionan menos días. De todas maneras, entre los que visitó este diario, quedan algunos que se sostienen como pueden, como Una Sonrisa Alegra el Corazón, en la villa Los 40 Guasos.
Lo atiende un pequeño grupo de mujeres que, además de las ayudas oficiales, procuran los alimentos que necesitan a través de donaciones y, llegado el caso, no dudan en apelar a sus propios recursos para dar de comer fundamentalmente a mamás con niños pequeños y a personas mayores que, por lo general, reciben en el comedor la única comida que ingieren en el día.
En el barrio hay mucha gente que vive de changas, como jardineros o pintores, y con la recesión sufren una importante merma de sus informales ingresos. También hay gente con ingresos un poco más estables, pero no llega a fin de mes, aunque el presidente Javier Milei considere que es imposible que algo así ocurra en el país.
“Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”, afirmó Milei hace unos días, al retirarse de una exposición ganadera en la Sociedad Rural de Buenos Aires.
Los datos oficiales contradicen sus declaraciones: ya a comienzos de año, según el Indec, la canasta básica –los gastos mínimos mensuales calculados para una familia de cuatro personas– rondaba los $ 600 mil, mientras que el sueldo promedio de bolsillo para los empleados formales era de $ 460 mil. Los informales, por supuesto, percibían mucho menos. Desde entonces, la inflación no ha dejado de ganarles a los salarios y la situación socioeconómica empeoró.
Un segmento importante de la gente que no llega a cubrir sus gastos mensuales por causa de sus magros ingresos requiere la ayuda de los comedores populares. Pero el Gobierno nacional paralizó hace tiempo la distribución de alimentos y ahora se ampara en la denuncia judicial que hizo el Ministerio de Capital Humano a principios de este mes, cuando una auditoría detectó que sólo funcionaba la mitad de los comedores comunitarios registrados.
De hecho, el Gobierno reconoce que el Estado posee en la actualidad un stock equivalente a unos cinco millones de kilos de alimentos sin repartir, tras un informe difundido por una asociación civil de cartoneros vinculada al dirigente Juan Grabois.
Mientras la Justicia hace su trabajo, el ministerio debe hacer el suyo: los comedores cuyo funcionamiento ha quedado comprobado deben volver a recibir alimentos en cantidades acordes a la población que atienden, y si lo juzgan necesario, convenir una forma de supervisión con los gobiernos locales. No hay justificación que valga para no hacerlo.
