Cuando faltan apenas tres meses para que entre en vigencia la ordenanza que estableció la prohibición de vehículos de tracción a sangre animal dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, un grupo importante de recicladores y carreros realizó una protesta frente a la Municipalidad. Reclamaron que las autoridades no estarían cumpliendo los compromisos vinculados con el nuevo régimen legal.
El planteo no es menor: si una norma obliga al Estado a desarrollar una serie de acciones y las autoridades no cumplen su obligación, ¿puede igualmente entrar en vigor esa ordenanza y debe perseguirse a los ciudadanos que no se ajusten al nuevo esquema?
A fines de septiembre se cumple un año de la promulgación de la ordenanza N° 13.387. Desde octubre, entonces, quien conduzca un carro tirado por caballos en la ciudad de Córdoba podrá ser sancionado con una multa que, a valores actuales, oscila entre $ 200 mil y $ 400 mil.
Para un carrero que se dedica a la recolección de “residuos inorgánicos reciclables, resto de poda, obras y demoliciones de menor escala, cartón o papel”, como dice la ordenanza, es una cifra impagable. Por eso, nadie se arriesgará a ser multado. Pero para poder tener acceso al nuevo esquema propuesto, les resulta imprescindible que las autoridades cumplan el programa de acción que presentaron en su momento y que se incluyó en la ordenanza.
La Municipalidad se comprometió a capacitarlos. Tendrían la opción de ser recicladores urbanos o de formarse en distintos oficios. Se hizo un censo de trabajadores, se firmó un convenio con las universidades Nacional y Provincial para el dictado de los cursos, y la Secretaría de Movilidad Urbana asumió la enseñanza del manejo de las motocargas que les entregarían.
En esa primera etapa, todavía durante la gestión del hoy gobernador Martín Llaryora, diferentes cooperativas recibieron unas 160 motocargas eléctricas. Pero, según los reclamos, la nueva gestión municipal habría discontinuado el plan.
Entrevistados por este diario, los referentes del movimiento señalaron que en abril mantuvieron una reunión con las nuevas autoridades, que les prometieron la reanudación de los cursos (herrería, carpintería, auxiliar en instalaciones eléctricas, pintura de obra, jardinería y recuperador urbano), lo que finalmente no ocurrió.
No es el único problema que manifiestan. Otra cuestión apunta a las motocargas eléctricas rotas. El acuerdo les garantizaba su mantenimiento por un año. Pero, más allá de ello, señalan la dificultad para conseguir repuestos y arreglarlas por sus propios medios, así como la falta de información sobre cómo y dónde pueden ser arregladas.
Por supuesto, el cambio de autoridades no afecta en lo más mínimo las obligaciones del Estado. Menos aún si se trata de un cambio relativo, ya que varios funcionarios de la gestión anterior continúan en sus puestos, como es el caso en la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación de la ordenanza.
En consecuencia, la Municipalidad debe responden los reclamos de las cooperativas de recicladores y carreros para hacer realidad su inclusión social, que era el objetivo principal del plan promulgado el año pasado.
