El presidente estadounidense Donald Trump propuso la creación de un Consejo de Paz, cuya finalidad, enunciada en el estatuto enviado a los países invitados, sería “promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”. Argentina recibió esa invitación y el presidente Javier Milei resolvió aceptarla.
El nuevo organismo fue presentado como una iniciativa de paz para la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero su estatuto indica que también “realizará funciones de construcción de paz de acuerdo con el derecho internacional”. La administración Trump aceleró su conformación en un contexto global signado por algunos graves conflictos en evolución y otros no menos severos en ciernes.
Sin que la enumeración aspire a ser excluyente, conviene mencionar entre esos conflictos la guerra en Ucrania, la rebelión en Irán y las dificultades para la estabilización de Siria, las tensiones de diferente origen sobre Groenlandia, Canadá y Taiwán, la intervención en Venezuela y las advertencias sobre la dictadura en Cuba.
Desde la perspectiva económica, esa misma inestabilidad se refleja en la áspera disputa arancelaria que ha puesto en vilo los esquemas productivos, las cadenas de suministro y la integración global.
La globalización multilateral tal como fue concebida tras el final de la Guerra Fría atraviesa un momento de revisión profunda. Esa disrupción afecta a las instituciones de gobernanza mundial nacidas al calor del consenso sobre un orden internacional regido por normas: no sólo a las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, también a las que representan alianzas militares emergentes de la posguerra, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El Consejo de Paz propuesto por Trump asoma como una propuesta alternativa a ese orden global cuestionado, pero desde su estatuto fundacional plantea otro, caracterizado por la hegemonía de los Estados Unidos y personal del propio Trump, con todos los riesgos que implica.
La invitación a la membresía en el Consejo será administrada por el presidente Trump; la conducción será ejercida por una Junta Ejecutiva designada por él como presidente del nuevo organismo. Trump tendrá facultades de remoción de los países integrantes de esa Junta y triple voto en sus decisiones: como fundador del Consejo, como presidente actual de los Estados Unidos y como árbitro para dirimir en caso de empate. Y sólo Estados Unidos tendrá facultad de veto.
Nuestro país se enfrenta al reto de un debate sobre un nuevo orden global en condiciones que no son para nada óptimas: su sistema político procesa lentamente una profunda crisis de representación y en la práctica las orientaciones de política exterior han quedado sujetas al decisionismo de la presidencia actual.
Argentina fue invitada a participar en el Consejo de Paz y aceptó integrarlo, sin discusión. Los márgenes de acierto o error en el delicado escenario de un nuevo orden global se potencian por la debilidad estructural que viene exhibiendo nuestro debate público.
