Basta repasar la percepción ciudadana para inferir que la Policía de la Provincia de Córdoba no logra encuadrar entre las instituciones públicas y privadas que se han ganado el derecho al reconocimiento de la comunidad. Ello sucede, en gran medida, por los altos índices de inseguridad que se observan a diario, sobre todo en la Capital de la provincia.
La deslucida imagen policial es irrebatible para gran parte de la sociedad, pese al discurso oficial de que estamos mejor que en otras provincias.
Pero hay otros antecedentes de epílogos trágicos que exceden la descontrolada escalada delictiva. En ese contexto, asoma con nitidez y lógico estupor el asesinato de Valentino Blas Correas, perpetrado a manos policiales en la ciudad de Córdoba el 6 de agosto de 2020, apenas pasada la medianoche.
La historia es conocida y a la vez estremecedora. El adolescente de 17 años viajaba en automóvil junto con tres amigos. Por el solo hecho de no detener el rodado en un retén policial de rutina, los uniformados desataron una balacera. Uno de los proyectiles traspasó la luneta trasera del rodado para impactar a la altura del omóplato de Blas Correas. Gravemente herido, el joven murió poco después.
Se había consumado, otra vez, la prepotencia policial del “gatillo fácil”, al tiempo que se desataba una escandalosa trama de encubrimientos internos, incluida la dudosa argucia de “plantar” un arma de fuego con la baja intención de comprometer a los jóvenes que, vale recordarlo, iban desarmados.
Este crimen que agiganta la mancha negra que hunde aún más en el desprestigio popular a la Policía de Córdoba dio motivo al juicio con jurados populares que arrancó días atrás en la Cámara 6ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.
La relevancia del proceso radica en que 13 uniformados de distinto rango (algunos en condición de procesados con prisión preventiva) están sentados en el banquillo de los acusados.
Sin la intención de anteponernos al veredicto del juicio, es una excelente oportunidad para que la Policía se ponga en aviso y abandone de una vez la cultura del abuso y las repetidas prácticas ilegales.
También un llamado de atención para el Estado provincial, que por añadidura afronta un pesado reclamo de orden civil, tanto de parte de la familia de Blas Correa como de los otros jóvenes que aquella noche fueron víctimas de la balacera.
En tiempos en que los vecinos viven turbados por la inseguridad, el juicio por un crimen policial demanda, asimismo, explicaciones convincentes de los funcionarios del área de Seguridad del Gobierno. Y, de hecho, de la más alta jerarquía de la Policía.
Al culminar la lectura de la acusación en el inicio de las audiencias, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra lo resumió con indubitable acierto. Dirigiéndose al jurado popular, afirmó que hay que “terminar con la maquinaria tropera”. Y redondeó con una frase que parece tener destinatarios implícitos: “Que el 6 de agosto de 2020 tenga sentido”.
