Es un dato tangible que al Gobierno nacional no le cierran algunos números y, por ello, se ve forzado a echar mano de ajustes de todo orden. No sólo se postergan desembolsos a las provincias reglados por preceptos constitucionales, sino que se vulneran otros derechos de alta sensibilidad social.
Es lo que podría inferirse como una obsesión por el achique de gastos a gran escala, que viene ocasionando severos problemas en la atención a las personas con discapacidad y a las que perdieron toda posibilidad de pagar por un techo y viven en situación de calle.
Sin omitir a los jubilados, cuyos ingresos no les alcanzan para abonar los medicamentos y una alimentación digna. Y, en tren de redondear la enumeración de carencias, vale aludir a los grupos familiares de clase media que hoy engrosan los índices de la pobreza.
Pero lejos de atenuar la crisis, la gestión de Javier Milei publicó en estos días en el Boletín Oficial de la Nación un decreto por el cual transfiere a las provincias y a los municipios la responsabilidad de la atención de las personas en situación de calle.
Otra mala nueva en el contexto de la presunta obstinación del Presidente en gestionar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) o a través de vetos de leyes que le puedan complicar la innegociable agenda fiscal.
Como dimos cuenta días atrás, el mencionado decreto 373 viene a modificar la ley 27.654, que bien vale contextualizar en su parte crucial. Establece “garantizar íntegramente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo que se encuentren en territorio argentino”.
Y para aventar dudas, deja claras las obligaciones del Estado nacional, a través de sus organismos de aplicación, en orden de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Presidente y los ejecutores del ajuste decidieron hacerse cargo sólo de delineamientos generales y derivar el resto de las obligaciones a las provincias y a los municipios.
En rigor, y como hace años, la Nación se desentiende de las políticas sociales más sensibles, apuntó el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, Raúl La Cava. Ponderó que desde 2020 la ciudad de Córdoba viene trabajando de manera sostenida con el programa de atención y contención de las personas que viven en la calle.
El problema se profundiza porque el poder central (ya desde antes de la asunción de la administración libertaria) no acompaña con los recursos económicos necesarios. Todo se rige por los recortes y, por ello, las personas sin techo lo padecen. Sin soslayar que las gélidas temperaturas invernales hacen el resto.
¿Es posible que en la Argentina familias enteras que son desalojadas de las viviendas que habitan, por atrasos en el pago de los alquileres, lleguen al extremo de vivir en la calle? La respuesta, tajante, es sí: es posible.
La política argentina ha perdido la capacidad del diálogo y de los consensos. Hay que recuperarlos antes de que sea tarde.
