Ha sido un proceso largo y lento, tal como suelen ser esas cosas en nuestro país. Pero con una diferencia que salta a la vista: esta vez, la espera habrá de desembocar, inusualmente, en una vista de causa a efectos de que las inocencias se constaten y las responsabilidades sean sancionadas como corresponde.
Parece poco, pero no lo es, máxime porque pocas veces los afiliados de un gremio tienen la ocasión de escuchar de sus dirigentes explicaciones referidas a su gestión.
El gremio es el de Luz y Fuerza de Córdoba, entidad que ha sabido expresar un poderío hoy minado por el procesamiento dispuesto en 2021, tras las actuaciones derivadas de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la presunción de un caso de lavado de activos.
La evolución de la causa ha llevado al juez Alejandro Sánchez Freytes a elevar a juicio a Gabriel Suárez, extitular del gremio; al actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y a otros 16 imputados, bajo los cargos de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos.
Las maniobras detectadas por la Justicia implicaban movimientos de cheques y pagos de naturaleza diversa a personeros en no pocos casos insolventes, y el manejo de la caja del fondo compensador destinado a los jubilados. Un fondo que fue literalmente extinguido, al punto que desde 2018 cesaron los pagos respectivos, con un perjuicio estimado en $ 180 millones, cifra que hoy, inflación mediante, dista de reflejar la verdadera magnitud de la presunta maniobra.
Según consta en expedientes, se presume que Molina Herrera habría sido un asiduo visitante en las mesas de juego de los casinos, donde cambiaba fichas que desparramaba sobre los paños, reiterando una práctica de antigua data en materia de lavado de activos.
En ese caso, el volumen registrado ascendería a $ 13 millones y medio, otra vez una cifra desactualizada si se considera que la operatoria habría tenido inicio en 2012.
Por cierto, todo esto deberá ser fehacientemente demostrado durante el juicio, tal como corresponde. Sin embargo, no es menor el dato del enorme perjuicio que se habría inferido a los jubilados del gremio, a caballo de la discrecionalidad con la que una conducción gremial habría podido moverse, lejos de todo control por parte de los afiliados y siempre ante la indiferencia del poder político, que por mucho tiempo prefirió tolerar la fuerte injerencia gremial en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
No es frecuente que estos casos de trámite lento y engorroso lleguen a juicio, y mucho menos que esto suceda cuando otros popes gremiales afrontan trances similares, como es el caso de la causa que involucra a quienes condujeron el gremio de los recolectores de residuos de la capital provincial.
Se trata de procesos con algún parentesco, que desnudan el poder sin límites de cabecillas gremiales que al parecer se habrían adueñado de un espacio sindical para hacer todo aquello para lo que no habían sido elegidos. Que algunos deban dar explicaciones ante la Justicia no deja de ser un paso en la dirección correcta.
