La Justicia argentina atraviesa una parálisis que amenaza la estabilidad institucional del país. A dos años del inicio del actual Gobierno, el sistema judicial se encuentra en una situación compleja: no se concretó ninguna designación efectiva de jueces, fiscales o defensores.
Esta inacción coincide con una ola de dimisiones que eleva la cifra de vacantes a 609, un número que representa el 37% de los cargos del sistema judicial nacional y federal.
Desde diciembre de 2023, 83 magistrados renunciaron, lo que constituye la peor relación entre renuncias y designaciones desde 1983. Sólo en 2025, se registraron 54 dimisiones, la cifra más alta en cinco años.
Esta falta de cobertura impacta en la capacidad de respuesta del Estado. Hay juzgados sin titulares desde hace años, lo que se traduce en un retraso sistémico en causas penales, civiles y laborales. Esta situación ralentiza la actividad diaria de los tribunales y los expone a un serio deterioro institucional.
La necesidad de resolver los nombramientos es crucial, sobre todo en las más altas esferas. El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky fue enfático en su solicitud de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el cargo de procurador General de la Nación.
Una Corte incompleta, argumentó, no sólo “ralentiza la actividad”, sino que “se debilita la confianza pública”. La máxima instancia judicial debe estar completa, para poder “dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la Justicia en la Argentina”.
Igualmente sensible es la situación de la Procuración General, cuyo puesto está vacante desde hace nueve años. Si bien hoy el cargo es ocupado por Eduardo Casal de manera interina desde 2017, sin aprobación del Senado, un puesto tan importante “no debería quedar sin definición”. El procurador General, como jefe de los fiscales, es quien fija la política criminal del Estado.
Pese a que el Consejo de la Magistratura ya envió las ternas para cubrir muchos de estos puestos, el Poder Ejecutivo no remitió los pliegos al Senado. Fuentes oficiales anunciaron que recién en marzo de 2026 se enviaría un paquete de 150 propuestas, pero la parálisis política y la falta de consensos en el Congreso impiden cubrir las vacantes que arrastra el sistema.
La Justicia no puede esperar. Borinsky vinculó esta discusión institucional con la urgencia de dotar de herramientas legales a los operadores judiciales, como la actualización del Código Penal, un cuerpo legal de 1921 que ya no “refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy”.
En definitiva, la aplicación efectiva de la ley penal y el cumplimiento de las sentencias dependen de la definición política e institucional. No es posible discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes. Para que la Justicia funcione como motor del orden social, los poderes del Estado deben cumplir con el mandato de dotar al sistema judicial de los jueces, fiscales y defensores necesarios.
